Estados Unidos impuso este martes, 18 de agosto, sanciones contra Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), como parte de la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra ese tribunal.
Las medidas también alcanzan a Abdoulaye Seye, abogado senegalés de la Fiscalía de la CPI, según informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Las sanciones entraron en vigor este martes. Sin embargo, Estados Unidos permitirá determinadas operaciones vinculadas con cuentas de los sancionados hasta el 17 de septiembre, con el objetivo de liquidar transacciones pendientes.
Washington endurece sus medidas contra la CPI
La OFAC señaló que las restricciones también alcanzarán a las entidades en las que Akane o Seye tengan, directa o indirectamente, una participación individual o conjunta igual o superior al 50 %.
Akane, como presidenta de la CPI, desempeña principalmente funciones institucionales y de representación del organismo.
Seye, por su parte, habría supervisado investigaciones relacionadas con la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos, según la información difundida por EFE.
El Gobierno estadounidense mantiene fuertes cuestionamientos contra la actuación del tribunal y rechaza su jurisdicción sobre ciudadanos de Estados Unidos e Israel.
Marco Rubio acusa a la CPI de extralimitarse
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó las nuevas sanciones y acusó al tribunal de actuar de forma politizada. “La Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado”, afirmó Rubio.
El funcionario sostuvo además que Washington no tolerará lo que considera un ataque contra la soberanía de los Estados. Rubio ya había adelantado en julio que la Administración Trump endurecería sus medidas contra la CPI.
Trump mantiene ofensiva contra el tribunal
La confrontación se intensificó tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En febrero, el mandatario firmó una orden ejecutiva que calificó determinadas actuaciones de la CPI como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
Washington cuestiona, entre otros asuntos, las investigaciones relacionadas con actuaciones del Ejército estadounidense en Afganistán.
También rechaza las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con Gaza.
La Administración Trump ya ha utilizado la orden ejecutiva para imponer sanciones contra jueces y fiscales de la CPI. Las medidas también han alcanzado a la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese, y organizaciones palestinas de derechos humanos.
Estados Unidos no reconoce jurisdicción de la CPI
Estados Unidos no es Estado parte del Estatuto de Roma, tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional. Washington sostiene que, por esa razón, el tribunal no tiene jurisdicción sobre sus ciudadanos.
El Gobierno de Trump aplica un argumento similar respecto de Israel, que tampoco es Estado parte del Estatuto de Roma. Las nuevas sanciones contra la presidenta de la CPI elevan así la confrontación entre Washington y el tribunal internacional.
Fuente: EFE
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