«Presuntas inversiones de alto riesgo y sin el debido sustento», así cataloga el Gobierno a los más de $532 millones que supuestamente estafó la empresa Decevale S.A. al Instituto de la Seguridad Social de la Policía del Ecuador (ISSPOL). Así lo recogió el proceso investigativo que lleva adelante para recuperar recursos de los fondos previsionales
Las siglas corresponden a la empresa Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Privados. La misma, no justificó la existencia de un contrato que le permita mantener cuentas en otros depósitos de compensación y liquidación de valores de terceros países. Y emitir certificaciones a través de “composición de Portafolio de la ISSPOL”.
El anuncio lo dio la ministra de Gobierno, María Paula Romo en conjunto con el comandante de la Policía, Patricio Carrillo. De no recuperar el dinero, será el Estado el que asuma el monto. «A pesar de la gravedad del caso y a pesar del monto, que son más de 532 millones de dólares, la jubilación de nuestros policías está garantizada», dijo Romo. Y añadió que existe una ley que le obliga al Estado a garantizar el pago, de todo lo que se adeude por estos conceptos. «Eso significa que, si es que este dinero no se recupera, no solo se afecta a la Policía Nacional sino a toda la sociedad ecuatoriana”, recalcó la ministra Romo.
Inversiones dudosas
Según la investigación, el ISSPOL invirtió esa cantidad entre los años 2014 y diciembre de 2015. Esto, luego de que el Comité de Riesgos y el Comité de Inversiones del ISSPOL accedieron a desarrollar una propuesta del ciudadano Jorge Oswaldo Chérrez Miño. Este último también actúa como contraparte. Es el representante legal de empresas panameñas que ofrecían lograr mayores frutos económicos a las cuentas de inversión del ISSPOL.
Según el reporte del Ejecutivo, en el mecanismo de estafa participaron personas públicas como privadas. Según la ministra Romo, existe un nivel con funcionarios del ISSPOL, civiles y policiales. El segundo nivel se encuentra en el mercado de valores, de quienes ofrecieron ser la contraparte de las operaciones. Finalmente, un tercer nivel, que son las autoridades de control, de las Superintendencias de Compañías y de Bancos. A estos últimos se suman quienes en su momento dirigieron el Ministerio de Interior y la Policía Nacional.
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