Fausto Flores, representante de los Centros de Entretenimiento y Casinos, confirmó que este sector busca que el gobierno convoque una consulta popular para posibilitar el retorno de dichos negocios: “Fue inconstitucional el cierre de los casinos. Eso dio una mala imagen al país”.
El 7 de mayo de 2011, el gobierno del entonces Presidente Rafael Correa impulsó una consulta popular en la que, entre otras cosas, planteó la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo que el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?”. El 52% de los votantes ecuatorianos se pronunció por el sí frente al 48% que rechazó esa propuesta.
Para Fausto Flores, esta decisión provocó que se pierdan entre 4.000 y 6.000 empleos directos, y alrededor de 30.000 indirectos; es más, dijo que cada uno de los 20 casinos que operaba en el país generaron inversiones de entre USD 8 y 12 millones de dólares, recursos que se perdieron: “El cierre de los casinos afectó a los artistas, proveedores, personas que entregaban suministros, y los hoteles donde funcionaban… Los casinos proporcionaban un punto de equilibrio económico a los hoteles, al ser una importante fuente de sus ingresos… Los inversionistas salieron del Ecuador muy maltratados por el gobierno de Rafael Correa”.
El 16 de marzo de 2012 se produjo el cierre definitivo de los casinos y salas de juego del país. En aquel tiempo, el gobierno de Rafael Correa negó una extensión de plazos a uno a o dos años, como habían pedido los propietarios de estos espacios para recuperar sus inversiones. Nueve años después, ese sector ve en el gobierno de Guillermo Lasso la posibilidad de volver a invertir en el Ecuador.
Tras la desaparición de los casinos, varios hoteles en los cuales funcionaban igualmente cerraron sus puertas.
