La Federación Médica Ecuatoriana denunció este viernes la desvinculación de al menos ocho trabajadores del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, en Quito, como parte del plan de supresión de partidas anunciado por el Ejecutivo. La medida, según la organización gremial, pone en riesgo la continuidad de servicios críticos de atención materno-infantil.
Entre los profesionales cesados se encuentran tres enfermeras del área de Neonatología, dos médicos (uno de la Sala de Internación y otro de Cuidados Intensivos Maternos), un bioquímico farmacéutico, un trabajador social y un funcionario administrativo.
La noticia surge un día después de que el Gobierno anunciara la desvinculación de 5.000 servidores públicos, con el compromiso de que la medida no afectaría a personal sanitario, docentes, fuerzas del orden ni funcionarios que atienden a grupos vulnerables.
No obstante, la Federación Médica sostiene que los hechos “contradicen ese discurso”. En un comunicado oficial, el presidente del gremio, Santiago Carrasco, calificó los despidos como una “amenaza directa a la atención pública en salud” y exhortó al Ministerio del ramo a revisar con urgencia los criterios aplicados en estos procesos.
“El retiro de personal especializado debilita áreas sensibles como Neonatología o Cuidados Intensivos Maternos, donde no solo se protege la vida de las pacientes, sino también la de los recién nacidos”, advirtió Carrasco.
El gremio también hizo un llamado a profesionales de la salud de todo el país a reportar cualquier desvinculación que ocurra durante estos días, con el fin de documentar posibles afectaciones generalizadas en el sistema de salud pública.
La Federación anticipó que emprenderá acciones legales y administrativas para salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores afectados, y reiteró su postura de rechazo a cualquier medida que comprometa la calidad de la atención en los hospitales públicos del país.




