El Ministerio de Defensa asegura que la Fiscalía no acusó a supuestos disidentes por temor. Sin embargo, la institución judicial afirma que los militares ocultaron información básica.

Una operación conjunta entre Ecuador y Estados Unidos en Sucumbíos, realizada el 3 de marzo, genera una fuerte controversia institucional. El operativo buscaba desarticular grupos armados.

Según la narrativa oficial, helicópteros militares ingresaron a una finca en el sector de San Martín. Allí capturaron a cuatro colombianos presuntamente vinculados a disidencias de las FARC.

Acusaciones de falta de protección judicial

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, cuestionó públicamente el cierre del caso. El funcionario sostuvo que el fiscal de turno se abstuvo de acusar por miedo.

Loffredo afirmó que los detenidos quedaron en libertad a pesar de la peligrosidad que representaban. Esta declaración desató una respuesta inmediata de la Fiscalía General del Estado.

Fiscalía señala falta de elementos y hermetismo

La Fiscalía, ante un requerimiento de Ecuavisa, refutó la versión del Gobierno mediante un informe técnico. La fiscal de turno aseguró que nunca recibió información básica para iniciar una causa penal.

Según el documento, los militares no entregaron datos sobre la nacionalidad de los detenidos. Tampoco precisaron el lugar exacto de la captura ni presentaron indicios claros.

La fiscal relató que acudió al recinto militar de Santa Cecilia con unidades policiales. No obstante, el personal militar negó la información bajo el argumento de “reserva nacional”.

Denuncias de tortura y liberación

La falta de cooperación impidió levantar un parte informativo o ejecutar pericias legales. Ante este escenario, los equipos judiciales abandonaron el lugar sin formular cargos.

La situación empeoró con testimonios de comuneros de la zona fronteriza. Los habitantes denunciaron que los trabajadores colombianos sufrieron torturas en la finca y el recinto militar.

Finalmente, los cuatro hombres recuperaron su libertad la madrugada del 4 de marzo. Sus captores los abandonaron en las afueras de Lago Agrio sin ningún proceso legal.