La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional no alcanzó los votos necesarios para aprobar el informe unificado de solicitud de juicio político en contra de siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Se trata de los consejeros: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, Sofía Almeida y Juan Javier Dávalos. Durante la sesión de la Comisión, los legisladores decidieron retirar a David Rosero del listado de posibles enjuiciados políticamente, pues concluyeron que no tenía responsabilidad en las causales de enjuiciamiento.
El informe contó con 3 votos a favor, de los asambleístas Fernando Villavicencio, Pedro Velasco y Bruno Segovia; 4 en contra, de Pablo Muentes, Roberto Cuero, María Gabriela Molina y Comps Córdova; y 2 abstenciones de Ana Belén Cordero y Marco Troya.
De esta manera, la Mesa legislativa deberá remitir al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, las actas y los informes para que el Pleno tome una decisión.
Esta solicitud de juicio político la presentaron cuatro asambleístas de la bancada de Pachakutik: Ricardo Vanegas, Segundo Chimbo, Ángel Maita y Mireya Pazmiño.
Los consejeros son acusados de un supuesto incumplimiento de funciones en el proceso de designación del cargo de superintendente de Ordenamiento Territorial.
También se los acusa de arrogación de funciones por incluir en el orden de la sesión n.º 3 del CPCCS una moción respecto al debate de una reforma al reglamento de selección y designación del titular de la Contraloría General del Estado.
Además, destaca un supuesto incumplimiento de funciones en el proceso de remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura.