Tras 17 días de audiencia, una jueza dispuso el llamado a juicio de 17 personas naturales y 4 jurídicas por su presunta participación en el delito de lavado de activos dentro del denominado caso ‘Blanqueo Fito’, informó la Fiscalía General del Estado.
Entre los procesados figura José Adolfo Macías, alias ‘Fito’, líder de la organización criminal Los Choneros, actualmente detenido en Estados Unidos, así como varios miembros de su núcleo familiar.
Dentro de la lista de vinculados constan la esposa de alias ‘Fito’, Inda Mariela Peñarrieta, sus hijos Michelle Jamileth y Jahir Adolfo, así como sus padres, Violeta Marisol Villamar y Ramón José Macías. También fueron incluidos hermanos, cuñados y allegados que, según la investigación, habrían participado en la estructura financiera de la organización.
Entre otros procesados se encuentran Yandry Nicomedes Macías, hermano menor de ‘Fito’; Jorge Alberto P. T., cuñado del cabecilla; y Verónica Narcisa Briones Zambrano, pareja sentimental del líder criminal, quien ya se encuentra recluida en Guayaquil.
Empresas investigadas
La causa también involucra a cuatro empresas señaladas de haber sido utilizadas para canalizar recursos de origen ilícito: Iris Limpieza Cía. Ltda., Transporte de carga pesada Jomavi, Queenwater y Ferro Mundo.
De acuerdo con la Fiscalía, estas compañías habrían servido como fachada para introducir dinero ilegal en la economía formal.
Más de USD 25 millones bajo sospecha
El caso investiga un presunto esquema de lavado de activos que superaría los USD 25,8 millones. Según los elementos recabados, uno de los principales mecanismos utilizados para legitimar estos recursos fue la inversión en el mercado inmobiliario.
Entre los hallazgos de la investigación destaca la existencia de al menos cuatro viviendas vinculadas a la red de alias ‘Fito’ que contaban con búnkeres o subsuelos ocultos, presuntamente utilizados para resguardar dinero, armas u otros bienes ilícitos.
Con el llamado a juicio, el proceso entra en una nueva fase en la que se evaluarán las pruebas presentadas por la Fiscalía para determinar la responsabilidad penal de los implicados.
Las autoridades sostienen que este caso representa un golpe a las estructuras financieras del crimen organizado en el país, particularmente a las redes vinculadas con Los Choneros.
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