Por: Karen Garzón-Sherdek
Directora de Relaciones Internacionales de la UISEK y Red de Politólogas
Sin participación y representación plena de las mujeres no hay espacio posible para una democracia efectiva, plural e igualitaria. Es impensable una democracia sin mujeres en los distintos puestos de poder; sin embargo, aunque poco a poco y como resultado de las luchas históricas de quienes nos antecedieron vemos cada vez más mujeres en estos cargos, las cifras son aún insuficientes.
Aunque la Constitución de la República habla sobre el desempeño de las funciones públicas con criterios de equidad y paridad de género, en la práctica esto no ocurre. En los cargos de poder, específicamente en los cargos ministeriales es donde podemos apreciar estas desigualdades estructurales. Las normas jurídicas hacen referencia a una igualdad que, a pesar de ser un derecho humano fundamental, tiene como trasfondo un machismo estructural cuyo efecto es la desigualdad y la exclusión. De acuerdo al Observatorio de la Igualdad de Género de América Latina y El Caribe de la CEPAL, Ecuador tiene el 24,7% de mujeres en cargos ministeriales, mientras países como Colombia y Costa Rica tienen el 50% y 56,3%, respectivamente. Si recordamos que las mujeres somos el 50% de la población, claramente en los diferentes países de América Latina hay una subrepresentación de las mujeres que alcanza una media de 28,5% a nivel regional.
Los gobernantes deben comprender la importancia de la representación de las mujeres. Fortalecer la democracia y la gobernabilidad para la construcción de sociedades más justas e igualitarias es imperativo, para ello urge promover la participación y representación femenina. Si bien la igualdad no solo debe resumirse a un número de cargos, sino al poder real ejercido por las mujeres en los mismos, es imperativo garantizar la participación sustantiva de las mujeres en la política donde se rompan los estereotipos y la violencia basada en razón de género.
Actualmente, estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral en 2023. Esta vez para elecciones seccionales donde se elegirán a prefecturas y viceprefecturas, alcaldías, concejales urbanos y rurales, miembros de las Juntas Parroquiales Rurales, e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No obstante, las desigualdades estructurales pesan sobre los hombros de las candidatas, puesto que desde los partidos políticos no se fomenta su participación, menos aún su elección. Como dice Flavia Freidenberg (2014) “la política es el reflejo de esa sociedad que juega la vida con la cancha inclinada: excluyente, inequitativa y desigual”.
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