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Gobierno amplía a 30 años el plazo para pagar créditos de vivienda

Gobierno amplía a 30 años el plazo para pagar créditos de vivienda

El Gobierno del presidente Daniel Noboa amplió de 25 a 30 años el plazo máximo para pagar créditos hipotecarios destinados a viviendas de interés social y de interés público. De acuerdo con el Ejecutivo, la medida busca facilitar el acceso a financiamiento para la compra de inmuebles.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 316, firmado el mandatario este martes, 3 de marzo, que introduce cambios en el reglamento que regula este tipo de proyectos habitacionales.

Reforma al reglamento de vivienda social

El decreto modifica los artículos 11 y 17 del Reglamento de Viviendas de Interés Social e Interés Público, extendiendo en cinco años adicionales el período máximo de pago para los préstamos hipotecarios correspondientes al segundo y tercer segmento de vivienda.

Con esta reforma, los beneficiarios de estos créditos podrán acceder a plazos más largos para cancelar sus préstamos, lo que podría traducirse en cuotas mensuales más accesibles.

Adecuaciones en la normativa financiera

También se dispone que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria emita las reformas normativas necesarias para ajustar las condiciones de acceso a estos créditos.

La entidad tendrá un plazo máximo de 15 días desde la publicación del decreto en el Registro Oficial para realizar las adecuaciones correspondientes al sistema financiero.

Estas reformas deberán establecer las condiciones para la aplicación de los nuevos plazos en los créditos hipotecarios destinados a vivienda social.

Objetivo: facilitar el acceso a vivienda

El presidente Noboa justificó la medida señalando que es necesario actualizar el marco normativo de la política pública de vivienda, con el fin de mejorar las condiciones para quienes buscan acceder a un crédito hipotecario.

Según el Ejecutivo, la ampliación de los plazos permitirá generar condiciones más favorables para los solicitantes, manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad del sistema financiero.

El Gobierno sostiene que esta decisión forma parte de las políticas orientadas a garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna para más familias ecuatorianas.

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