Helicópteros Dhruv reviven de las cenizas

Helicópteros Dhruv reviven de las cenizas

Fiscalía formulará cargos contra dos exministros de Defensa, 12 oficiales de las Fuerzas Armadas y un suboficial de la Fuerza Terrestre, por presunto peculado en la compra de 7 helicópteros DHRUV en 2008.

La audiencia se desarrollará a las 08h00 del próximo lunes 27 de septiembre en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, informó Fiscalía la mañana del 13 de septiembre. Los involucrados, que están en servicio pasivo, tendrán cargos por presunto peculado en la adquisición de helicópteros DHRUV, por un monto superior a USD 45 millones.

En la lista de implicados constan: los exministro de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce; Rodrigo Bohorquez,  excomandante de la Fuerza Aérea; Carlos Morales, exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional; Leonardo Barreiro, exjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea.

Figuran, además, Eduardo Esparza y Jorge Mejía, brigadieres generales de la Fuerza Aérea; Luis Valverde, Merwin Villagrán, Vicente Illescas y Wilson Alemán, coroneles de la Fuerza Aérea; Marco Flores y Jaime Encalada, tenientes coroneles; Gonzalo Rubén Estevez, capitán de Fragata de la Armada Nacional; y Francisco Torres, suboficial primero de la Fuerza Terrestre.

El caso Gabela

Entre 2009 y 2015, cuatro de los siete helicópteros se accidentaron. Ramiro Román, abogado de la familia del fallecido General Jorge Gabela, asegura que en la lista de involucrados debería constar el brigadier Alonso Espinoza. Según el abogado, Espinoza fue designado en 2010 como responsable directo de la compra. “Fiscalía debería investigar lo suficiente”, señala Román.

Gabela fue asesinado en 2010, días después de que dos sujetos ingresaran a su domicilio en la urbanización Tornero del Río, en la vía a Samborondón, y le dispararan a la altura de la clavícula. Patricia Ochoa, viuda de Gabela, asegura que el asesinato de su esposo fue por las denuncias de presuntas irregularidades en la adquisición de los helicópteros Dhruv.

Presión desde las FF.AA

El caso se reabrió a finales de 2020. La Fiscal General Diana Salazar tenía un período de dos años para la investigación.

Entre los argumentos que presentó Fiscalía estaba el Informe de la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional; una de las conclusiones señala que hubo presión desde el alto mando de las FF.AA. para la compra.