El presidente Daniel Noboa suscribió el Decreto Ejecutivo 428 para garantizar y ampliar los meses de beneficio económico destinados al transporte público del país.
El Gobierno Nacional oficializó una reforma clave para brindar estabilidad económica al sector de la transportación pública en el territorio ecuatoriano.
El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el Decreto Ejecutivo 428 para modificar las reglas del mecanismo de compensación por el precio del diésel.
La nueva disposición legal reforma el Decreto 125 con el objetivo explícito de asegurar y extender los plazos del beneficio para los transportistas.
Más meses de subsidio para el transporte urbano
El ajuste normativo establece un horizonte de tiempo claro y ampliado para los propietarios de las unidades que prestan servicio a la ciudadanía.
Las modalidades intracantonales —que abarcan el transporte urbano, combinado y rural— recibirán el esquema de compensación económica durante un periodo de ocho meses.
Además, el Comité de Optimización Energética conserva la facultad de evaluar las condiciones del sector para otorgar una prórroga adicional de cuatro meses.
De esta manera, el transporte urbano asegura un amparo financiero que puede extenderse hasta por un año completo de vigencia institucional.
Garantía para las rutas interprovinciales
Por otra parte, la reforma gubernamental blindó la asistencia económica para los choferes que cubren las frecuencias interprovinciales e intraprovinciales en el país.
Para este segmento de la transportación, el mecanismo de compensación estatal se mantendrá vigente de forma regular por un lapso de nueve meses.
La disposición final primera del documento aclara que estos plazos rigen desde la emisión del Decreto 125, expedido el 12 de septiembre de 2025.
Esta vigencia retroactiva valida legalmente los montos entregados y garantiza la continuidad técnica del proceso de pagos durante los meses correspondientes de 2026.
Sostenibilidad operativa y paz social
La decisión del Ejecutivo busca sostener la operación del transporte público sin alterar las tarifas vigentes que pagan los usuarios diariamente.
El incremento de la inversión pública en este subsidio pretende mitigar el impacto directo de la optimización de los combustibles en la economía popular.
Con la extensión de los plazos, el régimen busca mantener los canales de diálogo abiertos con los gremios y asegurar la paz en las carreteras.
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