La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) alertó este jueves sobre el presunto traslado irregular de 12 personas detenidas en el marco de las manifestaciones en Otavalo hacia los centros de rehabilitación social de Esmeraldas y Portoviejo.
La organización señaló que este procedimiento no ofrece garantías para los detenidos, al recordar que el Estado no ha logrado garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad. Como ejemplo, mencionó la masacre ocurrida este mismo día en la cárcel de Esmeraldas, donde un motín dejó al menos 17 reclusos fallecidos.
INREDH invocó los Principios relativos a las personas privadas de la libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establecen que los traslados no deben usarse como forma de castigo, represión o discriminación, ni realizarse en condiciones que generen sufrimiento físico o psicológico, humillación o exposición pública.
La organización pidió a la comunidad internacional y a la ciudadanía vigilar la situación y demandó al Estado ecuatoriano garantizar la integridad y derechos de los detenidos.
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