Jorge Acosta Orellana, Coordinador del Sincicato Bananero ASTAC, sustentó en el noticiero a Primera Hora, de Majestad radio, la demanda de inconstitucionalidad que presentó este gremio, en contra de la Ley de Apoyo Humanitario.
Según el dirigente gremial, dicha ley es un “copy paste” de varios acuerdos ministeriales emitidos por el Ministerio de Trabajo desde 2017, y que, a su juicio erróneamente, catalogan al bananero como un sector que trabaja de forma temporal y parcial. “Nosotros ya habíamos presentado una demanda de inconstitucionalidad contra dichos acuerdos ministeriales. Pero la Corte Constitucional, con los votos de los jueces Hernán Salgado y Carmen Corral, negó la admisión de nuestro pedido, aduciendo que estaba incompleto, y pese al voto salvado de la jueza Daniela Salazar”.
Jorge Acosta Orellana
Criticó la forma como se debatió y aprobó la Ley de Apoyo Humanitario, en medio de la pandemia del Covid-19, y sobre su contenido. Acosta mostró la preocupación de sector sobre la posibilidad de acuerdos entre patronas y trabajadores. “Nosotros impugnamos esa supuesta relación, que permite que la empresa y el trabajador lleguen a acuerdos (…) eso no existe en el sector bananero (…) la relación es a puerta cerrada, sin la intervención del Ministerio de Trabajo, y va destinado a reducir salarios”.
Acosta añadió que la normativa prevé la elaboración de contratos emergentes, que no prevén días de descanso ni vacaciones, “violando acuerdos internacionales”. “No hay indemnización por despido (…) la reducción emergente no establece un tiempo límite, y el empleador es el quien dispone cuándo el trabajador podrá salir de vacaciones”.
Citó el caso específico del sector bananero, que en 2010 ya fue observado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuya relatora lo calificó como “una forma análoga de esclavitud”. Y que en 2019, la Defensoría del Pueblo hizo público un informe titulado “Vulneración de Derechos Humanos en provincias sonde se produce banano”. Denunció que hay poder absoluto de las empresas bananeras, y que los inspectores de trabajo no ejercen control alguno.
