El asambleísta por la Alianza Unión por la Esperanza UNES, Juan Cristóbal Lloret, en entrevista para el noticiero “A Primera Hora” de Majestad Radio, denunció que el proceso de juicio político que planteó en contra del Contralor General del Estado subrogante, Pablo Celi, no avanza en la Asamblea Nacional.
Lloret explicó que hubo dos intentos previos en el período anterior para enjuiciar políticamente a Celi, impulsados por la entonces asambleísta Marcela Aguiñaga, los cuales no prosperaron porque no pudo reunir las firmas necesarias para el efecto: “Nadie le quiso poner el cascabel al gato”. Sin embargo, el tercer intento estuvo a cargo de Lloret, quien ya logró reunir las firmas después que el Contralor fue detenido e inició la instrucción fiscal por presunta delincuencia organizada.
El legislador explicó que el 5 de mayo presentó oficialmente el pedido de juicio político, el cual fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa CAL, y remitido el 13 de mayo a la Comisión de Fiscalización y Control Político para su trámite.
El problema, reconoció Lloret, es que primero fue enviado a la comisión el pedido de juicio político contra el exministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, impulsado por los entonces asambleístas Mercedes Serrano y Denis Marín del Partido Social Cristiano, proceso que se quedó en el limbo porque los interpelantes perdieron su condición de legisladores, y la Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene un vacío en torno a este tipo de casos.
En ese sentido, Lloret explicó que la Comisión de Fiscalización ha pedido a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori que incluya en la agenda de las sesiones del pleno el conocimiento de este caso, para que sea esta instancia la que tome una decisión, mientras tanto, la mesa legislativa argumenta que no puede iniciar el procesamiento político contra el Contralor mientras primero no se evacúe el del exministro Ortiz, por lo que se mantiene en suspenso.
Por el momento, Pablo Celi no ha perdido su condición de Contralor pese a tener prisión preventiva desde el pasado 13 de abril. Para que pierda su condición de tal, Celi deberá ser censurado y destituido por la Asamblea Nacional, renunciar o recibir sentencia penal condenatoria ejecutoriada.
