La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos presentó la mañana de este miércoles, 12 de noviembre, su primer informe sobre las violaciones de derechos humanos registradas durante los 31 días del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), tras la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel.
Según explicó Vivian Hidrobo, coordinadora de la Alianza, el equipo de verificación documentó graves violaciones de derechos humanos y uso abusivo de la fuerza estatal contra personas manifestantes, comunidades indígenas, dirigentes sociales y población urbana en distintas provincias del país.
El informe detalla que, de más de 700 reportes recibidos durante las jornadas de protesta, 391 fueron verificados y validados como casos que configurarían violaciones de derechos humanos. Entre ellos se registraron 206 detenciones, 473 personas heridas, al menos 25 de gravedad, 16 desapariciones temporales y 2 fallecimientos atribuidos al uso de la fuerza pública.
Hidrobo advirtió que las cifras, con corte al 23 de octubre de 2025, constituyen un subregistro. “El dolor a veces sale semanas o años después; además, el Estado omitió su deber de transparentar las cifras de personas heridas, detenidas y fallecidas. Tampoco la Defensoría del Pueblo cumplió con su rol durante este paro nacional”, afirmó.
Mayor represión en Imbabura y Pichincha
El documento también revela que el 75 % de los incidentes de violación de derechos humanos ocurrieron en las provincias de Imbabura y Pichincha, mientras que el 25 % restante se registró en otras regiones. “Fue un paro nacional con mayor represión en Pichincha e Imbabura”, señaló la organización.
La defensora de derechos humanos María Espinosa criticó el uso abusivo y desproporcionado del derecho penal contra manifestantes y defensores. “Hoy existen numerosos dirigentes y activistas procesados por delitos como terrorismo, paralización de servicios públicos e incitación, pese a que protestar es un derecho y no un delito”, enfatizó.
La Alianza anunció que continuará recopilando información y acompañando los procesos judiciales de las personas afectadas, mientras exige al Estado transparencia, reparación y garantías de no repetición frente a los hechos documentados.
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