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La inscripción de Daniel Salcedo es legal pero no es legítima, aclaran analistas

No existe ilegalidad en la inscripción de la candidatura del procesado por corrupción en hospitales públicos, Daniel Salcedo. Así lo comentaron analistas consultados por Primera Plana. Sin embargo, sí existe la cuestión sobre el aprovechamiento de los vacíos de la ley para acogerse a las garantías del Código de la Democracia.

Según el analista Medardo Oleas, no es legítimo que personas que nunca han hecho actividad política directa, que no han sido afiliados ni militantes de una organización política, quieran participar en política.

Sin embargo, También aclaró que al no haber participado en un proceso de democracia interna, no puede aceptar la nominación que la ley establece que sea en forma personalísima. “Es decir, no cumplieron la primera fase de la democracia interna y de la aceptación. No pueden solicitar la inscripción de estos ciudadanos como candidatos”, explicó.

Al estar encarcelado, Daniel Salcedo no pudo aceptar su candidatura ante la junta provincial electoral. Sin embargo, para el analista y abogado Jorge Acosta, la sociedad debe regirse por la ley. “Tanto la Constitución como el COIP dicen que hay que presumir la inocencia de las personas hasta que una sentencia ejecutoriada no destruya esa presunción de inocencia. La prisión preventiva es solo la restricción de la movilidad”, recalcó.

En este sentido, debería existir una reforma legal para regular estos actos. Aunque Oleas recalcó que “si tuviéramos una sociedad activa que repudie estos intentos de delincuencia organizada en política, no necesitaríamos de la ley”. Por este mismo motivo Acosta explicó que “puede disgustar desde el punto de vista moral, pero la ley no es un menú que puede escoger el platillo que a uno le gusta. La ley hay que obedecerla. Si estamos en desacuerdo, debemos promover una reforma”.

Daniel Salcedo

“El fin de la política es poner a los mejores hombres a la administración o legislación y fiscalización de la cosa pública. Él va para arreglar sus problemas personales, buscan que el Estado les financie y les blinde. Este es un ataque a los principios básicos de la decencia”, puntualizó el analista Oleas.

Pero también existe una responsabilidad dentro de las organizaciones políticas. Los partidos y movimientos políticos están en la obligación de entregar los mejores nombres para las elecciones. “Ellos demuestran que no hay ciudadanos que estén aptos para el ejercicio. Usan el partido para ingresar a personas descalificadas, que no tienen la capacidad ética para ejercer una candidatura”, criticó Oleas.