La situación política que se vive el Municipio de Quito entre el alcalde Jorge Yunda y los concejales metropolitanos se habría convertido en un “caos”, según el jurista Luis Fernando Molina.
En entrevista con Zoom Al Día, de Primera Plana, el experto señala que en el conflicto por la remoción del alcalde se han roto todas las estructuras de la administración de justicia electoral y constitucional.
Explica que existen al menos siete temas que hacen ver que “lo político superó a lo jurídico”, eso debido a que no existe un conflicto por una doble sentencia en el proceso de remoción de Yunda.
“Se ha abandonado todo el caso de técnica jurídica y que nos enfrentamos a un tema donde el derecho es un tema del quehacer político en el Municipio”, sostuvo.
Molina señala que la sentencia que existe a favor del alcalde Jorge Yunda, emitida por la Corte Provincial, tiene mayor jerarquía que la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
“Lo que resolvió el TCE tiene fuerza de sentencia, pero no es una sentencia, sino una consulta de procedimientos”, explica el jurista.
Por lo tanto, señala que en el ámbito legal debe prevalecer la sentencia y “no hay una disputa de competencias”. Argumentó que ni la Constitución, ni la ley la facultades al TCE para hacer un control de constitucionalidad a las decisiones en materia electoral, sino que se trata de un control de legalidad en cuanto a un proceso para una autoridad de elección popular.
También mencionó que la situación jurídica la debe resolver la Corte Constitucional y verificar si se cumplió con el debido proceso en el caso.
Yunda sigue siendo alcalde
Medica considera que desde la resolución de primera instancia, en la que se le otorgó a Yunda una acción parcial de protección seguía siendo alcalde.
Además, explica que si los abogados del Concejo metropolitano tenían dudas sobre la imparcialidad de la actuación que otorgó las medidas cautelares, lo correcto habría sido poner un pedido de recusación al inicio del proceso para que estas sean válidas.
“Llama la atención que las denuncias de falta de imparcialidad se den después de la sentencia y se traduzcan en quejas a los jueces”, señala.
Añade que Yunda fue alcalde desde la primera instancia porque la Ley de Garantías Jurisdiccionales dice que cuando “el que gana es el accionante la interposición de la apelación no interrumpe la ejecución de la sentencia”.
Es decir, que mientras la sentencia de primera instancia esté ejecutoriada Yunda seguiría al frente del Municipio, incluso mientras se resuelve el proceso en la Corte Constitucional.
Por lo tanto, dice Molina, las acciones y nombramientos ejecutados por el vicealcalde Santiago Guarderas serían nulas.
“Existieron nombramientos que pudieron ser buenos pero ahora están en cuestionamiento, que incluso podrían incurrir en actos ilegales por arrogación de funciones e incluso con sanciones penales” dijo
