Los 137 legisladores de la Asamblea Nacional están convocados para las 10:00 de este martes 24 de noviembre a fin de conocer y resolver sobre el informe de juicio político en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo que recomienda su censura y destitución. Sin embargo, hasta la noche del pasado lunes, las diferentes bancadas no definieron su postura de cara a una votación.
El único bloque que afirmó su uniformidad de votación fue Revolución Ciudadana. Ellos acogerán la recomendación del informe para censurar y destituir a Romo. Los principales motivos giran en torno a los sucesos en torno a las protestas de octubre de 2019.
El Partido Social Cristiano no afirmó una postura uniforme. Sin embargo, Mercedes Serrano, legisladora de esa bancada sí evidenció su inclinación. «No podemos dejar de lado los hechos sucedidos en octubre. No puede ser posible que una persona con falta probidad esté ocupando un cargo público de alta jerarquía», dijo la parlamentaria.
De su lado, la bancada oficialista de Alianza PAIS aún no toma decisiones de manera uniforme. Por el contrario, dentro del bloque existen división de criterios en torno a una postura.
Quienes fueron más enfáticos en su criterio fueron los miembros de la bancada de CREO. Patricio Donoso, miembro del Consejo de Administración Legislativa y legislador por ese bloque, enfatizó que esperarán a la presentación de pruebas de cargo y de descargo para «tomar democráticamente las mejores decisiones».
Otras agrupaciones divididas son los miembros de la Bancada de Integración Nacional (BIN) y de la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI) quienes, por pertenecer a distintas organizaciones políticas, optarían por votar de forma personal.
La sesión
La sesión de este martes será de forma virtual y no presencial como había solicitado la Ministra. Las tres causales por las cuales la Comisión de Fiscalización investigó a María Paula Romo giraron en torno al uso de bombas lacrimógenas caducadas en contra de manifestantes; el lanzamiento de bombas lacrimógenas a centros de paz y acogida humanitaria; y la convocatoria tardía al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación.
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