El Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas apelaron al hábeas corpus que reconoció la desaparición forzada de los cuatro menores de Las Malvinas, cuya muerte fue confirmada el pasado 31 de diciembre de 2024.
El abogado de los familiares de los menores, Fernando Bastias, alertó a través de su red social X que esta sentencia “es valiosa en el marco de la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las familias”.
“Con esta acción, todas sus palabras de “solidaridad” se van al tacho de basura”, comentó.
En declaraciones al canal Ecuavisa, este lunes 6 de enero, Bastias detalló que “si en el juicio se encuentra que los militares son inocentes, eso no significa que no haya responsabilidad estatal en el caso”.
“Hay una diferencia total entre la responsabilidad penal que es individual por la desaparición y también la ejecución, que tendrá que investigarse por separado. Pero en caso de demostrarse que los militares tienen participación en la ejecución, se unifica y aparte está la responsabilidad del Estado, en el cual ya hay una demostración de participación en ambos escenarios en la desaparición forzada y también en la ejecución. La responsabilidad del Estado se la determina en el proceso por desaparición forzada”, explicó.
La tarde del 31 de diciembre, la Fiscalía General del Estado confirmó que los cuatro cadáveres encontrados en las cercanías de la Base Aérea de Taura correspondían a Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), quienes fueron aprehendidos por un grupo de 16 uniformados el pasado 8 de diciembre.
Los 16 militares involucrados en la desaparición de los niños recibieron ese mismo día orden de prisión preventiva, aunque el Gobierno y la cúpula militar afirmaron que los menores fueron aprehendidos durante un «presunto robo», aunque no existen evidencias de ello, y luego fueron liberados.
La pasada semana, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en América del Sur, Jan Jarab, pidió al Estado ecuatoriano que investigue lo ocurrido con las cuatro menores víctimas de presunta desaparición forzada tras su detención por parte de miembros militares en Guayaquil.
“La Oficina recuerda que el Estado tiene un deber reforzado de protección de los niños, niñas y adolescentes, de su vida, su integridad y libertad personal, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño”, reiteró ACNUDH.
De acuerdo con ACNUDH, la información conocida hasta ahora por la Oficina coincide con lo dispuesto por la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Por tanto, exigió que la actuación de los victimarios debe ser perseguida, investigada y sancionada con celeridad por las autoridades correspondientes. La Oficina recuerda que el delito de la desaparición forzada no se extingue por haberse encontrado los cuerpos.
Para el representante de ONU Derechos Humanos, “la investigación de este delito tan grave debe ser independiente, sin presiones políticas y exhaustiva, abordando las eventuales responsabilidades del mando. Al mismo tiempo, se debe evitar en todo momento la revictimización de las familias”, precisó.
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