Mediante el Decreto Ejecutivo 115, firmado el 5 de septiembre, el presidente Daniel Noboa ordenó que los ministerios de Economía y Finanzas y del Trabajo asuman directamente la implementación de la fusión de instituciones públicas.

Con esta reforma, ambos ministerios definirán las nuevas estructuras institucionales y remuneraciones de los servidores públicos. Además, aprobarán los estatutos de funcionamiento y actualizarán la normativa, instrumentos y metodologías necesarias para viabilizar la reforma institucional.

La medida se enmarca dentro de un proceso más amplio de reorganización del Ejecutivo, que incluye también un modelo de desconcentración con la creación de nuevas direcciones provinciales. Esta estrategia busca acercar la gestión del gobierno central a los territorios.

El Decreto 115 modifica disposiciones anteriores, como el decreto de abril de 2024 y otros cuerpos normativos emitidos en años previos. Entre los cambios más relevantes está la eliminación de incisos de un decreto de julio de 2016, que limitaba el número de viceministerios en instituciones con menos de 1.000 servidores. También se eliminó un inciso del Decreto Ejecutivo 195 de 2009, emitido durante el gobierno de Rafael Correa, que exigía la aprobación presidencial y varios informes técnicos para contar con más de un viceministro.

Con esta reforma, las carteras de Estado podrán estructurar su organigrama con mayor agilidad y sin necesidad de obtener el visto bueno del Ejecutivo para modificar su número de viceministerios.

Estas decisiones se suman a la fusión de 15 ministerios ordenada hace dos meses por el presidente Noboa, proceso que implicó el despido de más de 5.000 servidores públicos.

El Gobierno prevé que esta reestructuración continúe hasta fin de año y genere un ahorro estimado en $22,74 millones