El presidente Daniel Noboa reformó el reglamento de contratación pública y amplió el régimen especial para el Banco Central del Ecuador. De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 356 firmado por el mandatario, el objetivo es flexibilizar procesos estratégicos y reforzar los mecanismos de control en el sistema.
En el documento se incorporan modificaciones clave en los procedimientos de contratación, especialmente en lo relacionado con el Banco Central del Ecuador, al que se le amplía el uso del régimen especial para ejecutar procesos vinculados a la sostenibilidad del sistema monetario y financiero.
Más flexibilidad y confidencialidad en contrataciones
Entre los principales cambios, se establece que el régimen especial podrá aplicarse a servicios como transporte y custodia de valores, gestión de reservas internacionales, adquisición de bienes y ejecución de obras relacionadas con la estabilidad económica.
Además, el decreto permite que ciertos procesos sean declarados como reservados o confidenciales, lo que implica que no se publiquen en el Portal de Compras Públicas, siempre que exista justificación técnica.
La reforma también facilita la contratación con organismos internacionales, entidades multilaterales y otros bancos centrales. En estos casos, los procesos podrán regirse por normas internacionales y, de ser necesario, someterse a legislación extranjera o arbitraje internacional, con autorización previa de la Procuraduría General del Estado.
Refuerzo del control y sanciones
El decreto fortalece el rol del SERCOP, que podrá iniciar acciones disciplinarias contra funcionarios que incumplan procedimientos o plazos.
Asimismo, se establece un sistema de gradación de sanciones para proveedores según la gravedad de la infracción y el monto del contrato. De acuerdo con el documento, las penalidades incluyen suspensiones en el Registro Único de Proveedores que pueden ir de 60 a 360 días en casos de reincidencia.
Entre las infracciones más graves se contemplan el acceso no autorizado a sistemas, la manipulación de datos y la interferencia en plataformas de contratación pública.
El Ejecutivo busca adaptar el sistema de contratación a las necesidades del manejo monetario del país, permitiendo mayor agilidad en operaciones estratégicas del Banco Central, sin dejar de lado los controles institucionales.
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