Durante la sesión del Consejo Provincial de Pichincha, la prefecta Paola Pabón alertó sobre el retraso en las asignaciones por parte del Gobierno Nacional. Pabón detalló que la administración central mantiene una deuda acumulada de USD 34 millones. “Responde a los meses de julio, de agosto, de septiembre, de octubre y estamos en el mes de noviembre”, reiteró.

Este incumplimiento -señaló- ha generado un impacto directo en la ejecución presupuestaria. Según explicó, los años 2024 y 2025 han sido especialmente complejos para todas las prefecturas del país, no solo para Pichincha.

La prefecta advirtió que, con un déficit de esta magnitud, resulta imposible sostener una gestión eficiente, pues varios proyectos están detenidos por la falta de liquidez. “No podemos cancelar planillas, y eso implica que obras en marcha se vean obligadas a suspenderse”, afirmó.

Además, informó que las obligaciones pendientes con proveedores ascienden actualmente a USD 9 millones, una cifra que preocupa a la autoridad ante la posibilidad de que el Gobierno opte por pagar en bonos recién en septiembre del próximo año.

Pabón cuestionó cómo pueden cumplirse las metas planificadas cuando la institución arrastra medio año sin recibir recursos. “La ciudadanía reclama porque su adoquinado no llegó, la vía no se contrató o la obra quedó inconclusa, pero detrás de ello está un retraso de seis meses en las transferencias”, enfatizó.

La prefecta insistió en que la problemática no es exclusiva de Pichincha y que el modelo de asignaciones del Ejecutivo está afectando a todas las prefecturas del país.