Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
El cisma institucional en el mando policial derivado del femicidio de la abogada María Belén Bernal no pasó de ser un “globo de ensayo”, una “declaración desatinada”, un “rumor malintencionado” que fue publicado y difundido -nada más y nada menos- que desde las cuentas de redes sociales del presidente de la República, Guillermo Lasso.
Los generales públicamente destituidos por el primer mandatario siguen en sus cargos al igual que el comandante general de esa institución quien -pese al plazo de una semana para que localice el paradero del teniente Germán Cáceres– continúa en funciones.
La crisis comunicacional y política derivada de este terrible femicidio cometido al interior de la Escuela Superior de Policía de Quito deja hasta el momento dos damnificados: el hoy ex ministro del Interior, Patricio Carrillo, destituido en una contradictoria declaración pública del propio presidente y la viceministra de Educación, Alexandra Cárdenas, quien dimitió de su cargo luego de que se difundieran una serie de publicaciones de su cuenta de Twitter que paradójicamente no tenían nada que ver con el caso.
En un país acostumbrado a convertir en hechos las declaraciones públicas más aún si estas provienen de la “voz autorizada” del primer mandatario, este hecho profundiza la crisis de credibilidad por la que atraviesa la palabra presidencial
“Llevamos un año cuatro meses en el gobierno y no hay un solo escándalo de corrupción que haya sucedido en los altos cargos del gobierno del Ecuador”, dijo el presidente Lasso en una reciente entrevista en un canal incautado omitiendo deliberadamente el caso Danubio. También señaló que reforma tributaria afecta únicamente al 3% de la población ecuatoriana, cuando todos sentimos el incremento de impuestos, el estancamiento de los salarios y el aumento del costo de la vida.
El discurso de poder siempre buscará ocultar, maquillar o tergiversar deliberadamente la realidad, pero en este caso la realidad empieza a imponerse sobre el relato oficial en varios ámbitos. El caso Bernal, los nuevos motines carcelarios en Latacunga y Guayaquil, la inseguridad generalizada, el desempleo, son parte de una realidad que escapa al relato gubernamental instalándose en la sociedad gracias a las redes sociales.
Las palabras del poder tienen la virtud o la desventura de cohesionar o erosionar el tejido social, por lo que si la palabra presidencial ya no da cuenta de las situaciones por las que atraviesa la ciudadanía, se produce una desconexión de fondo entre el discurso y los hechos que deslegitima las instituciones, incrementa el descontento y desbarata el principio de autoridad que todo dignatario de elección popular debe mantener para la supervivencia del Estado.
La opinión de Wilson Benavides.
