Con 77 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó este viernes, 13 de diciembre, un paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que, entre sus componentes, incluye la sanción a legisladores que decidan cambiar de organización política.
La medida forma parte de los cambios a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que desde ahora condena los conocidos como “camisetazos”, o sea, el traslado de tiendas políticas.
La propuesta incluye penalizaciones más duras al presidente y vicepresidentes de la Asamblea, así como a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL) «por dejar de pertenecer a la bancada legislativa a la que representaban al momento de su designación».
La mayoría de quienes se opusieron al proyecto forman parte de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), una de las que ha recibido este año a varios legisladores electos por otros movimientos.
La normativa pasará ahora al escritorio de Noboa, quien podrá vetar de forma parcial o total lo dispuesto.
“El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece reglas más claras sobre el proceso legislativo, la responsabilidad de los legisladores, así como los mecanismos de fiscalización y transparencia, a fin de contribuir a la recuperación de confianza en la función Legislativa, con lo cual se reforzará la legitimidad de sus decisiones para que respondan al interés público”, reiteró la Asamblea en un informe publicado en su sitio web.
Previamente, Fernando Cedeño, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, detalló los aportes que fueron acogidos en el texto final del proyecto, particularmente en temas como la remisión del informe de posturas sobre un juicio político; el retiro de firmas de respaldo a una solicitud de interpelación; y, las disposiciones especiales sobre el manejo de la seguridad interna de la Asamblea.
Recordó que se trata de un conjunto de reformas orientado a clarificar aspectos fundamentales en materia de legislación, en el ámbito de la fiscalización y control político, así como para propiciar los mecanismos de participación de la ciudadanía en la gestión de la Asamblea Nacional y, sobre todo, para garantizar la transparencia en la acción parlamentaria.
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