Pobladores de la comunidad amazónica de Archidona, mantienen este miércoles, 4 de diciembre, las protestas en rechazo a la construcción de una cárcel de máxima seguridad en esa zona.
Los habitantes de esa localidad, en la provincia de Napo, se han declarado en resistencia y han cerrado vías como medida de protesta al anuncio realizado por el Gobierno de Daniel Noboa.
La Policía Nacional ha pedido a los representantes de los sectores protestantes no cerrar vías. Sin embargo, durante este segundo día de movilización, los participantes volvieron a reunirse con carteles, recorrieron algunos puntos de la urbe y luego se volvieron a ubicar en la vía que conecta Napo con Pichincha y Pastaza.
La alcaldesa de Archidona, Amada Grefa, dijo que el rechazo de la comunidad se debe a la cercanía de varias escuelas al sitio donde se construirá la cárcel y al impacto que podría ocasionar en esa municipalidad que se sostiene básicamente de los ingresos del turismo.
‘Presidente, escuche, busquemos otro espacio para ubicar esta prisión, lejos del área urbana y de las unidades educativas’, reclamó la autoridad en declaraciones recientes a la emisora Radio Pichincha.
De igual manera, la legisladora por la provincia de Napo, Sandra Rueda, alertó a través de su perfil en X que el proyecto ‘afectará la seguridad de alrededor de 4.000 menores de edad que asisten a escuelas cercanas a la zona donde se edificará la megacárcel’.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) abrió esta semana el proceso de contratación de una empresa que se encargue de la edificación del centro penitenciario y realizará la adjudicación el 9 de diciembre próximo, que tendría un costo de 51,9 millones de dólares.
La construcción de dos nuevas cárceles en Ecuador forma parte del denominado Plan Fénix, la estrategia de seguridad que presentó el presidente Noboa para combatir al crimen organizado.
Actualmente, el Gobierno Nacional levanta otra prisión de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena (sur), con capacidad para 800 reclusos y a un costo de 52 millones de dólares.
