Por: Héctor Calderón

La semana pasada el país volvió a estremecerse. Un asesinato ocurrió en el aeropuerto de Guayaquil, uno de los lugares más vigilados y controlados del Ecuador. Y, casi de inmediato, el gobierno salió a decir que la víctima era un cabecilla de una organización criminal, un objetivo de alto valor, una persona peligrosa y conocida por las autoridades. Pero ahí nos preguntamos: Si era tan peligroso, si era un objetivo priorizado para las autoridades, ¿cómo es que entraba y salía del país? ¿Cómo pasó controles migratorios, aeropuertos y filtros de seguridad sin ser detenido? Porque las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. O era una prioridad para el Estado. O el Estado nunca tuvo control sobre él.

Y todo esto ocurre mientras el gobierno vuelve a decretar estados de excepción en varias provincias del país y anuncia la posibilidad de permitir la presencia de tropas extranjeras en las zonas con mayores índices de violencia. Es decir, después de más dos años en el poder, después de múltiples estados de excepción, después de la militarización de amplias zonas del país y después de haber concentrado toda su narrativa política en la seguridad, hoy la respuesta sigue siendo la misma: estados de excepción, anuncios y ofrecimientos que se repiten y spots cinematográficos que muestras realidades inexistentes. 

Lo ocurrido en Guayaquil no solamente evidencia la capacidad operativa de las organizaciones criminales. También deja al descubierto las enormes contradicciones de una estrategia de seguridad que promete control total mientras los hechos muestran una realidad muy distinta. Porque si después de estados de excepción, presencia militar, decretos de emergencia y ahora incluso la posibilidad de tropas extranjeras, seguimos viendo hechos de esta magnitud, entonces el debate ya no es cuántas medidas extraordinarias se anuncian. El debate es si la estrategia está funcionando.

Cuando el Estado asegura que sabe quiénes son los criminales más peligrosos, pero no logra detenerlos antes de que los maten en uno de los puntos más controlados del país, el problema ya no es solamente la delincuencia. El problema es la efectividad de la política de seguridad del gobierno.

Los ecuatorianos merecemos respuestas.

No propaganda.

No excusas.

Respuestas.

Porque un gobierno se mide por los resultados que obtiene, no por la cantidad de estados de excepción que firma.