GAD enfrentarán fuertes recortes

El presidente Daniel Noboa dispuso hoy, 21 de febrero, la publicación inmediata de la reforma al COOTAD en el Registro Oficial. El mandatario aprobó el texto íntegro sin presentar objeciones tras la votación legislativa del viernes. Previamente, la Asamblea Nacional respaldó la norma con 77 votos a favor durante una sesión en Guayas.

El Gobierno condiciona las asignaciones económicas

La nueva ley obliga a los gobiernos seccionales a destinar mínimo el 70% de su presupuesto anual a inversión y servicios básicos. Esta regla busca priorizar el mantenimiento de infraestructura y la reposición de activos públicos sobre el gasto corriente. El Ejecutivo aplicará reducciones económicas severas a los municipios o prefecturas que incumplan este indicador técnico.

Actualmente, la Constitución permite al Gobierno Central reducir las transferencias si las autoridades locales gestionan ineficientemente sus recursos. Por ejemplo, los municipios podrían dejar de percibir el 21% de los ingresos permanentes del Estado. En su lugar, recibirían únicamente el 15% que establece el piso constitucional mínimo.

Justificaciones técnicas para el control del gasto

El Gobierno Nacional justifica esta intervención financiera mediante cinco argumentos críticos sobre el manejo de los recursos públicos. Según el Ministerio de Finanzas, la inversión promedio en obras básicas representó apenas el 39% del presupuesto total en 2024. Además, el Estado detectó un desequilibrio estructural por financiamiento externo que supera los 16.055 millones de dólares.

Los datos oficiales también revelan una expansión desmedida de la masa salarial administrativa en los últimos años. El Servicio de Contratación Pública señala que los GAD destinaron 43,7 millones de dólares a eventos sociales y artísticos en 2023. El régimen sostiene que los gobiernos locales priorizan estructuras burocráticas extensas en lugar de cerrar brechas en agua potable o alcantarillado.

Implementación gradual y reportes obligatorios

La normativa establece un cronograma de cumplimiento progresivo para los gobiernos autónomos desde este año. Las autoridades locales deben alcanzar una ejecución del 65% en inversión para diciembre de 2026. Posteriormente, la meta subirá al 68% en 2027 hasta llegar al 70% obligatorio en el ejercicio fiscal de 2028.

Cada tres meses, los GAD publicarán obligatoriamente un informe detallado sobre la composición de sus gastos. La Comisión de Desarrollo Económico defendió el proceso de socialización de la ley antes de su aprobación final. No obstante, gremios como Conagopare y la Prefectura de Manabí enviaron observaciones críticas ante la falta de invitación formal a los debates.