Representantes del ‘Frente Democrático por la Defensa del Agua’ rechazaron categóricamente la reciente licencia ambiental otorgada al proyecto minero Loma Larga, por considerarla contraria a la Constitución, a sentencias judiciales vigentes y a la voluntad expresada por la ciudadanía en consultas populares.
El comunicado, emitido este mes, recuerda que desde 1996 las comunidades de Victoria del Portete, Tarqui y Girón han sostenido una resistencia firme contra la minería en zonas de recarga hídrica. En 2011, más del 93 % de los habitantes de estas parroquias dijo “no” a la minería en Quimsacocha. Ratificaron esta postura en 2019, cuando el 86,79 % de los votantes en Girón rechazó la actividad minera. También en 2021, cuando el 80 % de los cuencanos votó por proteger las fuentes de agua.
Los representantes calificaron estas consultas como mandatos constitucionales obligatorios, conforme al artículo 106 de la Constitución de la República.
Estudios técnicos
Diversos estudios técnicos han concluido la inviabilidad del proyecto Loma Larga. Informes de ETAPA (2010–2025) alertan sobre daños irreversibles a las fuentes que abastecen de agua a Cuenca, con presencia de metales pesados como arsénico. Otros estudios, como los del BRGM (2013), la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (2016) y Terrae (2022), coinciden en la existencia de graves riesgos ambientales, técnicos y sociales.
“El agua no es una mercancía: es un derecho humano fundamental y un patrimonio natural que debe ser protegido siempre por encima de cualquier interés económico o político”, manifestaron los firmantes del comunicado.
Además, los representantes denunciaron que la licencia ambiental viola sentencias de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, que ordenaban medidas de protección y consultas previas antes de autorizar cualquier actividad minera. Consideran que su emisión representa una violación de la ley, de la voluntad popular y de los derechos constitucionales a la protección del agua y el medioambiente.
Finalmente, exigieron respeto absoluto a la voluntad popular y al marco constitucional que garantiza el derecho al agua y a los derechos de la naturaleza. “La minería en Loma Larga/Quimsacocha es incompatible con la vida y con la seguridad hídrica de Cuenca y del Azuay”, afirmaron.
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