Transportistas y gremios del sur de Colombia esperan que el presidente Gustavo Petro elimine los aranceles a productos ecuatorianos, en medio de la crisis comercial que afecta el intercambio bilateral y ha generado pérdidas millonarias en la frontera.

El representante de los transportistas de Nariño, Manuel Romo Pazos, advirtió sobre el impacto de las medidas arancelarias y pidió la derogatoria del decreto vigente. “En Santo Domingo de los Tsáchilas la cosecha está abandonada (…) hay productos como limón, naranja y otros que no se han podido exportar a Colombia”, señaló.

El dirigente insistió en que la solución pasa por eliminar las restricciones. “Pedimos que se derogue el decreto 170; de lo contrario, la Comunidad Andina terminaría reducida a Perú y Bolivia”, afirmó.

De acuerdo con un reporte del canal Ecuavisa, las autoridades de Ipiales plantearán dos pedidos urgentes, la convocatoria a un gabinete binacional liderado por ambos mandatarios y la realización de una cumbre para abordar los problemas de seguridad en la frontera.

Expectativa por reunión en Ipiales

La petición se produce en la antesala de la reunión que Petro mantendrá la tarde de este lunes con su gabinete en la ciudad fronteriza de Ipiales, donde autoridades locales buscan abrir un canal de diálogo con Ecuador.

Entre los planteamientos está la convocatoria a un gabinete binacional y una cumbre enfocada en seguridad y comercio en la frontera.

Impacto económico y laboral

Gremios del transporte alertan que la paralización del comercio ha dejado a cerca de 8.000 personas sin empleo en Ipiales. Además, estiman pérdidas superiores a 5,5 millones de dólares diarios.

Empresarios señalan que unas 5.000 familias dependen de la cadena logística vinculada al intercambio entre ambos países, lo que agrava el impacto social de la crisis.

El conflicto se intensificó tras la decisión del Gobierno del presidente Daniel Noboa de elevar progresivamente los aranceles a productos colombianos hasta el 100 %.

Los transportistas advierten que esta escalada pone en riesgo décadas de integración en la Comunidad Andina y podría incentivar actividades ilegales como el contrabando.

En ambos lados de la frontera, tanto en Ipiales como en Tulcán, existe expectativa de que las decisiones del Gobierno colombiano permitan destrabar el conflicto y reactivar el comercio.