Este lunes 25 de enero, el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia aceptó parcialmente el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General del Estado (FGE). Así, modificó la sentencia de primera instancia dictada contra María Alejandra Vicuña, exvicepresidenta de la República y exasambleísta. La imputada deberá cumplir una pena privativa de libertad de dos años por el delito de concusión.
Con la resolución, el Tribunal desechó el recurso de apelación presentado por la defensa de Vicuña. Así lo explicó el juez ponente, David Jacho. Vicuña pretendía que se revoque la sentencia de primera instancia y se ratifique su estado de inocencia.
En su argumentación, el Tribunal informó que, luego del análisis de la prueba, se determinó, más allá de cualquier dura razonable, que la conducta de la procesada se adecúa al verbo rector de “exigir” cuotas o contribuciones, sin que exista voluntariedad en la entrega de esos valores. Sin embargo, no existen agravantes ni atenuantes de la acción.
El pedido de Fiscalía
El fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, solicitó que se aplique el máximo de la pena por el delito de concusión. Según su argumentación, los jueces de primera instancia consideraron de manera inadecuada atenuantes de la infracción y no las agravantes que existían.
El Fiscal añadió que la sentencia de primera instancia es clara y que cumple con los alegatos de cierre emitidos por Fiscalía. Por ese motivo, debía imponerse la pena de cuatro años, según lo establece la normativa vigente al momento de los hechos. Además, señaló que existe la suficiente cantidad de prueba que demuestra la comisión del delito y la culpabilidad de la también exlegisladora.
En primera instancia, la ex Vicepresidenta de la República fue declarada culpable del delito de concusión, acogiendo el pedido de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el Tribunal de juicio consideró atenuantes a la infracción, imponiéndole un año de pena privativa de libertad y la obligación de cumplir con la reparación de USD 173.180, equivalente al cuádruple del dinero recibido irregularmente. El Tribunal también ratificó la reparación.
Los hechos
Los resultados de las investigaciones determinaron que María Alejandra Vicuña, mientras cumplía funciones de asambleísta, recibió transferencias bancarias de sus tres asesores en su cuenta personal. Estos aportes mensuales, solicitados a sus excolaboradores, habrían sido para el financiamiento del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).
Según Fiscalía, con esta actuación, la procesada vulneró el bien jurídico protegido de la eficiente administración pública, siendo el Estado ecuatoriano la víctima directa.
