El jurista Stalin Raza consideró en el programa Zoom Al Día, con Fabricio Vela y José Antonio Sánchez, que una consulta popular es una apuestas riesgosa para el actual Gobierno, encabezado por Guillermo Lasso.
«Es un tiro al aire, sin saber cuál va a ser el resultado», señaló al referirse a recientes declaraciones del mandatario ecuatoriano en ese sentido.
Según precisó, previsiblemente, después de los efectos que produzca la reforma tributaria aprobada en la Asamblea Nacional, y además de la tendencia ya al desgaste, en caso de que esta se realice una consulta popular, en el contexto de las elecciones seccionales, de acuerdo con la proyección expresa del jefe de Estado, el Gobierno «tendrá un nivel de desgaste mucho mayor».
A ello se suma un incremento de la conflictividad social y de inconformidad de amplios sectores populares y sociales, «que va ir en ascenso durante todo lo que va de este año», por lo cual enfatizó que es una apuesta «muy arriesgada» del presidente Lasso y con un pronóstico «reservado».
En ese orden, Raza anotó que desde el punto de vista de la politología y de lo jurídico, es inconveniente mezclar los dos procesos (de elecciones y de consulta popular) «porque termina pasando (..) que se convertirá esto en un termómetro de la popularidad política del presidente de la República antes que un debate profundo de los contenidos reales de la reforma».
Se refirió que los sesgos de liderazgos de tipo local y señaló que van a tener mucha incidencia sobre la consulta popular.
En su opinión, los relativos éxitos que ha tenido el gobierno actual con la aprobación de leyes como la Tributaria, no se debe tanto al mérito del Ejecutivo cuanto a la «inopia» y a la «inercia» de la Asamblea, y a la falta de acuerdo de sus fuerzas políticas.
Respecto a si es posible eliminar el Consejo de la Judicatura en una consulta popular, señaló que pasa por una reforma constitucional, lo cual debe tener la intervención conjunta de la Asamblea y del Ejecutivo y no hay cómo evitar ese procedimiento, por lo cual esto podría complicarse, ya que el órgano legislativo no estará de acuerdo de manera unánime y tendrá que hacer dos debates, en un año, y solo después someterse a la consulta popular.
Pero, indicó que si lo que se desea es solo reorganizar las funciones de ese órgano, sin desaparecerlo, esto eventualmente sí podría pasar por una enmienda constitucional, siempre y cuando no se vulneren derechos ni la estructura misma de la función, por lo cual parece más viable.
