La mañana de este martes, 22 de marzo de 2022, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, entregó a la Asamblea Nacional un documento con “principios y mandatos” para la elaboración de una nueva Ley de Aguas.
“Jamás venimos a Quito a destruir, ni a quemar. Venimos a proponer y hacer entender a las autoridades que también afuera de Quito existimos otros seres humanos, indígenas, afros, montubios, que estamos sosteniendo el desarrollo de este país”, señaló Iza.
Representantes del movimiento indígena se concentraron desde las 9h00 en el parque El Arbolito, centro-norte de Quito. Realizaron un acto conmemorativo por el Día Mundial del Agua. Desde ese punto se movilizaron hasta el Palacio Legislativo. Iza agregó que el líquido vital “no puede ser privatizado, ni delegado a sectores privados”.
Las autoridades de los territorios firmaron el texto con los principios fundamentales sobre los cuales proponen que se realice la nueva Ley de Recursos Hídricos, denominada también como Ley de Aguas. Iza aseguró que dentro de tres a cuatro meses estará lista su propuesta de Proyecto de Ley.
De acuerdo con la explicación del líder de la CONAIE, la propuesta tiene cinco objetivos:
- Preservar las fuentes de agua y su calidad
- Conservar los ecosistemas
- Asegurar una adecuada gestión pública o comunitaria del agua
- Democratizar la gestión social y territorial del agua para irrigación
- Garantizar la plena vigencia de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y el sector público
Además, la nueva Ley debe reconocer los siguientes principios:
- Reconocer el Estado plurinacional e intercultural
- Reconocer los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
- Derecho humano al agua y saneamiento
- Respetar los derechos de la naturaleza
- Eficacia jurídica, disposiciones aplicables que hagan respetar el orden de prelación del uso del agua (consumo humano, animales, soberanía alimentaria, caudal ecológico, otras actividades)
- Principio de progresividad de los derechos
El 12 de enero de 2022, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. Le dio un plazo de un año al Ejecutivo para que remita un nuevo proyecto a la Asamblea.
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