El Pleno de la Asamblea Nacional analizó este miércoles, 27 de noviembre, en primer debate, el proyecto de Ley de Alivio Financiero, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica, con base en el informe realizado por la Comisión de Desarrollo Económico.
Luego del debate, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe para segundo debate, según lo dispone la Constitución y la Ley de la Función Legislativa.
Durante la sesión, la legisladora Valentina Centeno, ponente del informe, resaltó el trabajo de la comisión en la incorporación y perfeccionamiento del articulado original, en temas como la condonación de deudas de hasta 460 dólares con el Servicio de Rentas Internas (SRI), “algo que beneficiará a aproximadamente 121 mil personas que, a causa de la crisis energética, no han logrado cumplir con estas obligaciones”.
Centeno también se refirió a la condonación de deudas de intereses en créditos educativos a personas con discapacidad, que beneficiará a más de 3 000 jóvenes en situación de mora.
Además, señaló que se dispone al BIESS y a BAN Ecuador que no inicien procesos coactivos hasta el 28 de febrero de 2025.
Por su parte, el legislador Blasco Luna, integrante de la mesa que elaboró el informe, observó la falta de información técnica sobre la aplicación del Programa Nacional de Transferencias.
Asimismo, instó a la comisión, de cara al segundo debate de la iniciativa, a contar con la explicación técnica de la autoridad del MIES sobre la aplicación de la propuesta, “para que no se transforme en una medida populista”.
Sobre la compensación a los usuarios de servicios de internet sugirió clarificarla a fin de establecer una obligatoriedad a las empresas proveedoras, privadas y públicas, para que condonen el 50 por ciento de las facturas mensuales de consumo durante la crisis energética.
Por otro lado, el asambleísta Pedro Velasco solicitó incluir disposiciones para que la banca privada y las cooperativas de ahorro y crédito establezcan condiciones de refinanciamiento para facilitar las condiciones de pago de créditos.
De igual manera, solicitó en su propuesta establecer un Impuesto al Valor Agregado (IVA) diferenciado del ocho por ciento para las provincias fronterizas, “a fin de impulsar la competitividad en zonas que colindan con territorios con monedas más blandas”.
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