La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició este lunes, 16 de junio, un proceso de investigación sobre presuntas actuaciones irregulares por parte de operadores de justicia en el contexto del actual conflicto interno que enfrenta el país.
Según se indicó durante la sesión, ciertas decisiones judiciales estarían favoreciendo la liberación de personas detenidas en flagrancia, lo que ha generado preocupación en relación con la eficacia del sistema de justicia y su impacto en la seguridad pública.
La comisión recibió al ministro del Interior, John Reimberg, y al comandante general de la Policía, Pablo Dávila Maldonado.
Durante su comparecencia, Reimberg reiteró que en la lucha contra el crimen organizado se han encontrado con barreras en el procedimiento judicial, con decisiones que permiten que los sospechosos de actos delictivos, detenidos en flagrancia, sean liberados o que reciban medidas sustitutivas a la prisión preventiva, acciones que frenan el trabajo del eje de seguridad.
Además, recordó que, de los 104 mil aprehendidos en los más de 900 operativos contra el crimen organizado, muchos están en libertad, recibieron medidas sustitutivas y han vuelto a cometer delitos; otros tienen arresto domiciliario, lo cual obliga a destinar más de 800 policías para su custodia.
Reveló también que cuando se denuncia la actuación irregular de determinados jueces hay que esperar un año para saber qué pasa con en estos casos, mientras los delincuentes siguen libres. “Los jueces están llamados a estar del lado correcto del país y de la historia”, enfatizó.
Mientras tanto, Dávila aseguró que la Policía Nacional cumple sus labores con un profundo compromiso con el país, a fin de proteger a la ciudadanía.
Lamentó que los plazos prolongados y la carga documental que se necesita para legalizar las aprehensiones ante los operadores de justicia complican el trabajo de la Policía Nacional.
Aseguró que cerca del 60 % de los más de 25 mil ciudadanos aprehendidos en flagrancia ha recibido medidas sustitutivas a la prisión preventiva, muchos de ellos tienen entre dos, cinco y más detenciones por las mismas causas, esta recurrencia en el cometimiento de delitos complica las estadísticas de violencia en el Ecuador.
Dávila añadió que esta realidad hace necesario revisar los procedimientos para la calificación de flagrancia y las condiciones básicas para dictar medidas sustitutivas, con el propósito de sancionar oportunamente esas prácticas y evitar la impunidad.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, manifestó que el organismo parlamentario continuará con este proceso de investigación hasta obtener resultados que garanticen una adecuada administración de justicia para salvaguardar los intereses de los 18 millones de ecuatorianos.
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