El asambleísta Santiago Díaz se entregó este lunes a las autoridades, según informó la Fiscalía General del Estado. La institución reiteró que contra él pesa una orden de detención para formulación de cargos tras una denuncia por la presunta violación a una menor de 12 años.
La Fiscalía detalló a través de su cuenta en X que en las próximas horas se resolverá su situación jurídica.
El ministro del Interior, John Reimberg, también detalló en su red social X que Díaz Asque se encuentra bajo custodia de las fuerzas del orden.
Reimberg, dijo la tarde de este lunes en entrevista para Radio Centro, que Díaz Asque se entregó voluntariamente, luego de que el bloque de seguridad trabajara durante varios días en su localización.
“Fue una operación que incluyó varios allanamientos en distintas partes del país. Hizo bien en entregarse”, señaló el ministro.
El pasado 13 de julio, Reimberg anunció que el Gobierno ofrecía una recompensa de $100.000 a quien proporcionara información que permita ubicar a Díaz Asque.
“Se garantiza absoluta confidencialidad”, afirmó el ministro en su publicación, en la que también detalló que las personas con datos relevantes deben comunicarse al número 1800 DELITO (335486).
La Fiscalía recibió la denuncia el 7 de julio, presentada por el padre de la menor afectada. En respuesta, fiscales y agentes de Criminalística realizaron tres allanamientos en Quito, donde incautaron celulares, documentos y dispositivos electrónicos para sustentar la investigación.
La acusación contra Díaz desató una fuerte reacción política. La bancada de Revolución Ciudadana lo expulsó de sus filas, apenas días después de que el legislador propusiera una polémica reforma legal para reducir la edad de consentimiento sexual de 18 a 14 años.
Pese a que Díaz calificó el caso como “una bajeza”, solicitó una licencia de 31 días para preparar su defensa. Sin embargo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) rechazó su pedido en su última sesión.
Díaz asumió su curul en mayo pasado, tras reemplazar a la legisladora Priscilla Schettini, quien fue inhabilitada por ejercer violencia política de género contra la exfiscal general Diana Salazar.
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