El Municipio de Guayaquil expresó su rechazo a la decisión del Gobierno central que exige a la Prefectura del Guayas anular el registro ambiental de la solución vial que se ejecuta en la avenida del Bombero. En una rueda de prensa convocada en el Salón de la Ciudad, autoridades municipales, concejales y representantes ciudadanos calificaron la medida como arbitraria y con motivaciones políticas.
La disposición afecta directamente a la Prefectura del Guayas, que lidera el proyecto. Según las autoridades locales, el informe técnico que sustenta esta decisión carece de rigurosidad.
Isabel Tamariz, directora de Ambiente del cabildo, cuestionó la validez del análisis realizado por el Ministerio de Ambiente. “No se puede comparar un paso elevado con una obra de pavimentación de 42 kilómetros. Se ha utilizado la normativa ambiental de forma discrecional y preocupante”, declaró.
Además, señaló que el documento emitido por el ministerio insinúa posibles sanciones a la Prefectura, como la suspensión de su acreditación ambiental.
La vicealcaldesa Tatiana Coronel sostuvo que detrás de la medida existe una intención de frenar el desarrollo de la ciudad. “Esto no se trata únicamente de una obra, sino de un intento por desacreditar y debilitar a Guayaquil. Afecta incluso nuestra histórica relación con organismos internacionales como la CAF”, afirmó, haciendo un llamado a la ciudadanía a defender la autonomía local.
Desde el Concejo Municipal, la concejal Emily Vera advirtió que la resolución constituye un precedente peligroso contra la descentralización y criticó la retirada de permisos ya otorgados sin fundamentos sólidos. “Guayaquil ha tenido que luchar antes por lo que le corresponde, como ocurrió con la demora en la garantía soberana para el Quinto Acueducto”, recordó.
Impacto de la resolución no se limita al ámbito político
Carlos Vásquez, director de Obras Públicas, alertó sobre las consecuencias económicas: al menos 40 proyectos municipales se encuentran en etapa inicial o precontractual, con una inversión global cercana a los USD 100 millones y la posibilidad de generar hasta 30.000 empleos.
Entre las iniciativas están la construcción de parques y canchas, así como el abastecimiento de agua potable para sectores como Monte Sinaí.
El Municipio reiteró en un comunicado su respaldo a la Prefectura del Guayas y manifestó su intención de defender la continuidad de los proyectos que forman parte del plan de desarrollo urbano de la ciudad.
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