Carolina Jaramillo, vocera de la Presidencia, se pronunció sobre las vallas colocadas en la Avenida 6 de Diciembre que responsabilizan a nueve jueces constitucionales de la creciente inseguridad en el país. Jaramillo aclaró que estas manifestaciones no son iniciativa del Gobierno, afirmando: “No podría pronunciarme”.
La marcha programada para las 11:00, que partirá desde la Avenida Patria hacia la Corte Constitucional, no cuenta con el apoyo oficial del Ejecutivo. Además, Jaramillo defendió la llegada de partidarios del presidente Daniel Noboa, asegurando que su transporte no fue financiado con recursos públicos. “Es una convocatoria amplia”, subrayó.
También abordó las críticas de Margaret Satterthwaite, relatora para la Independencia Judicial de la ONU. Jaramillo enfatizó que el Gobierno busca abrir un debate sobre el control político de la Corte Constitucional, sin que ello implique presiones o represalias. Hasta el momento, no existen alertas internacionales que preocupen al Gobierno, indicó.
Viaje del presidente Noboa a varios países
La vocera anunció que el presidente Daniel Noboa tendrá una agenda internacional que incluye reuniones con líderes de Brasil, Uruguay, Argentina y Japón:
El 18 de agosto, se encontrará con Lula da Silva en Brasil y participará en una sesión con la Cámara de Diputados.
El 19 de agosto, visitará Uruguay para dialogar con el presidente Yamandú Orsi sobre diversificación comercial, inteligencia artificial y puertos. Además, se reunirá con un centenar de empresarios.
Del 20 al 21 de agosto, la agenda en Argentina incluye una reunión con Javier Milei, centrada en cooperación en seguridad, energía y biotecnología, así como encuentros con estudiantes y empresarios.
Finalmente, del 24 al 30 de agosto, Noboa se desplazará a Japón para reunirse con el primer ministro Ishiba Shigero, destacando la importancia de Japón como socio estratégico en la región.
Operativos en el Registro Civil
Carolina Jaramillo también informó sobre operativos coordinados en diez ciudades, destinados a desmantelar redes de tramitadores en el Registro Civil. Durante estas acciones, se clausuraron locales y se identificaron redes de falsificación de documentos, además de confiscar computadoras utilizadas en estas actividades ilegales.
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