El Pleno de la Asamblea Nacional sesionó este martes, 12 de agosto de 2025, para llevar a cabo el juicio político contra la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, acusada de incumplir sus funciones.
Alrededor de la las 23:40, el Pleno votó, con 144 asambleístas registrados. La moción del asambleísta de ADN, Fernando Jaramillo, obtuvo 75 votos a favor, cinco en contra y 64 abstenciones.
Al inicio de la sesión, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, dispuso la lectura del informe de Fiscalización, aprobado por seis votos de ADN y aliados de Pachakutik.
Goyes tendrá tres horas para exponer sus alegatos, mientras que el asambleísta Fernando Jaramillo, de Acción Democrática Nacional (ADN), contará con dos horas para sustentar la acusación. Según Jaramillo, Goyes incurrió en un “boicot institucional” y en la “obstrucción de un mandato popular” al impedir el quorum para aprobar el reglamento de selección de jueces constitucionales.
Goyes cuestiona juicio político
Durante su defensa en el Pleno, la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, criticó que el interpelante centre su acusación en “una sola sesión” relacionada con el reglamento para seleccionar jueces de las unidades de garantías constitucionales, creadas tras la consulta popular del 21 de abril de 2024.
Recordó que el referéndum, propuesto por el presidente Daniel Noboa y avalado por la Corte Constitucional, obtuvo un 60 % de aprobación y costó al país 60 millones de dólares.
Preguntó a los legisladores si, 485 días después, ya existen las unidades especializadas. “No tenemos unidades de garantías constitucionales hasta el momento”, afirmó, atribuyendo la situación a la falta de gestión administrativa y de presupuesto. Indicó que el déficit para cubrir las necesidades de la Función Judicial en 2025 asciende a 110 millones de dólares, lo que incluye la implementación de dichas unidades.
Aseguró que la propuesta inicial recomendaba crear una unidad especializada por provincia con 76 jueces de primer nivel y 9 salas digitales en cortes provinciales, sumando 154 jueces en todo el país. Sin embargo, la propuesta que presentó no fue acogida.
Goyes sostuvo que ha sido quien más ha impulsado la creación de estas dependencias y reprochó que no se haya iniciado juicio político contra otras autoridades del Consejo con “un millón de razones” para hacerlo. Señaló que la Asamblea “no puede destinar tanto tiempo y recursos” en este proceso y reiteró que el gasto de la consulta popular carece de sentido si las unidades no están operativas.
Interpelante presenta pruebas
El legislador de Acción Democrática Nacional (ADN), Fernando Jaramillo, contó con dos horas para exponer por qué acusa a Goyes de un supuesto incumplimiento de funciones.
En su intervención, Jaramillo apeló a la Revolución Ciudadana (RC), la segunda bancada más numerosa, para alcanzar los 101 votos que se requieren para la censura y destitución de Goyes.
Según el asambleísta, Goyes protagonizó un “boicot institucional” y una “obstrucción de un mandato popular”, al no dar quorum en las sesiones de la Judicatura para aprobar el reglamento de selección de jueces constitucionales.
Señaló que de las 18 pruebas presentadas por la vocal Solanda Goyes, solo se admitió su testimonio, el cual terminó reforzando las acusaciones. Jaramillo solicitó la censura y destitución de Goyes por incumplimiento de funciones.
Se necesita 101 votos para destitución de Goyes
Para aprobar la censura y destitución se requieren 101 votos. La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados necesitarían sumar respaldos de legisladores de la Revolución Ciudadana, que en la Comisión de Fiscalización no apoyaron la continuidad del proceso. Se prevé que la sesión se extienda hasta la noche.
El debate se desarrolla horas después de la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa contra la Corte Constitucional, a la que asistieron varios asambleístas oficialistas.
Acusaciones y defensa
El proceso contra Goyes fue impulsado por el asambleísta Fernando Jaramillo (ADN), quien acusa a la funcionaria de haber abandonado una sesión clave del CJ y de no asistir a cuatro convocatorias consecutivas, lo que habría impedido la aprobación de un reglamento para la creación de judicaturas y jueces especializados en materia constitucional.
Según el informe aprobado la pasada semana por la comisión de Fiscalización, donde la mesa legislativa sugirió al Parlamento avanzar en el proceso de enjuiciamiento, Goyes habría infringido disposiciones establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial y en el Reglamento de Sesiones del Pleno del CJ, al no justificar debidamente su ausencia ni actuar conforme al principio de probidad administrativa.
Jaramillo sostiene que la actitud de la vocal contribuyó al retraso de una reforma urgente para evitar el uso indebido de garantías constitucionales por parte de personas procesadas o condenadas por delincuencia organizada.
Goyes, por su parte, asegura que durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización, “quedó claramente demostrado” que ha cumplido con el mandato constitucional, en lo que refiere a su participación en el reglamento para la selección de juezas y jueces que integrarían las unidades y salas especializadas en materia constitucional a nivel nacional, mediante concurso público.
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