Amnistía Internacional expresó este viernes su preocupación por el “deterioro de la situación de derechos humanos en Ecuador” en el marco de las protestas vinculadas al paro nacional, señalando denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos y congelamiento de cuentas bancarias de líderes sociales.
A través de un comunicado, la organización advirtió además sobre los “ataques” del Ejecutivo contra la Corte Constitucional y la “falta de cooperación” de las Fuerzas Armadas en las investigaciones de la Fiscalía sobre desapariciones forzadas ocurridas en 2024.
Represión en las protestas
En el documento, Amnistía citó que miles de personas se han movilizado en rechazo al aumento del precio del diésel anunciado en septiembre. Según la Alianza por los Derechos Humanos, hasta el 1 de octubre se registraban 85 detenciones y 100 heridos, además de la muerte de Efraín Fuerez en Imbabura, presuntamente por un disparo de las Fuerzas Armadas.
Amnistía Internacional alertó sobre la detención de 12 personas en Otavalo, diez de ellas indígenas kichwa, acusadas de terrorismo, y pidió al Estado ecuatoriano apegarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, además de liberar a quienes habrían sido detenidos de manera arbitraria.
Ataques a la Corte Constitucional
La organización denunció que, tras suspender parcialmente leyes impulsadas por el presidente Daniel Noboa, la Corte Constitucional “ha sido blanco de hostigamiento, campañas de estigmatización, amenazas de bomba y señalamientos públicos por parte del Ejecutivo”. Estos hechos, condenados por la CIDH y la ONU, constituyen —según Amnistía— una grave amenaza a la independencia judicial.
Desapariciones forzadas en impunidad
En su informe “Son militares, yo los vi”, Amnistía documentó la desaparición forzada de diez personas, entre ellas seis niños, en operativos militares ejecutados en 2024 en Esmeraldas, Guayas y Los Ríos. La Fiscalía ha recibido 43 denuncias de desapariciones forzadas desde el inicio del actual gobierno.
Aunque se detuvo a 17 militares por la muerte de cuatro niños en diciembre de 2024, la organización denunció la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas y la impunidad en la mayoría de los casos.
“Las acciones impulsadas por el Ejecutivo buscan silenciar la disidencia y favorecen la impunidad. La represión a las protestas, los ataques a la Corte Constitucional y la insistencia en una estrategia de seguridad militarizada sitúan a Ecuador en la lista de países de la región que experimentan un preocupante auge de prácticas autoritarias”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización instó al Gobierno ecuatoriano a respetar la libertad de expresión y protesta pacífica, garantizar investigaciones imparciales y abandonar la estrategia militarizada de seguridad.
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