La Unión Compañía Nacional de Seguros (Seguros La Unión) canceló $12’525.680,26 a favor de la Contraloría General del Estado (CGE). Los valores detallan como parte de la ejecución de las tres pólizas, tras el incendio ocurrido durante las protestas de octubre del 2019. Así lo informó el organismo de control.
La Contraloría explicó que ese valor lo destinarán para reconstruir la sede ubicada en la parte posterior de la Asamblea Nacional en Quito. Además, el organismo explicó que en Guayaquil suscribieron el finiquito del reclamo de seguro entre las partes y procedieron al pago total de la indemnización. El valor incluye el siniestro de $13’017.568,84, menos los deducibles contractuales de $1’214.032,79 más los intereses de ley generados a la fecha de pago por $722.144,21.
Para recibir el pago, la Contraloría entregó 15 informes técnicos que emitió el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. La Empresa Pública UCE – Proyectos EP y las áreas técnicas de la Coordinación Nacional Administrativa y Servicios de la institución. Sin embargo, la empresa de seguros negó el pago de la indemnización. Ante lo cual el contralor Pablo Celi presentó un reclamo administrativo el 18 de junio ante la Intendencia Nacional de Seguros.
Las tres pólizas que canceló Seguros La Unión responden a los conceptos de. «Todo Riesgo de Incendio», «Seguro Contra Todo Riesgo de Vehículos», y Equipo Electrónico de la Contraloría General del Estado.
Respuesta de la aseguradora
En su cuenta oficial de Twitter, la aseguradora señaló que cumplió con el 100% del pago a favor de la Contraloría.
Cumplimos con el 100% del pago a favor de la CGE cuyas instalaciones en Quito fueran asaltadas e incendiadas por manifestantes durante las protestas de Octubre 2019. Cumplimos así con nuestro compromiso de garantizar la tranquilidad y confianza a cada uno de nuestros clientes. pic.twitter.com/Lp7G6kfN1C
— Seguros La Unión (@LaUnionSeguros) November 14, 2020
El video dura un minuto y 10 segundos en los que la aseguradora resalta el pago a la CGE, aunque la justicia ecuatoriana no determina los nombres de los responsables del incendio.
