El pleno de la Asamblea Nacional no consiguió los 101 votos necesarios para ratificar el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que incluía sanciones contra el denominado transfuguismo político o “camisetazos”. Con este resultado, el Parlamento dejó en firme el veto total emitido por el presidente de la República, Daniel Noboa.
La Legislatura conoció la objeción total del Ejecutivo durante la sesión 065, el 27 de enero de 2026. El proyecto había sido aprobado en segundo debate a inicios de diciembre de 2024, mientras que el veto presidencial se formalizó el 31 de diciembre de ese mismo año.
La propuesta reformaba el artículo 171 de la LOFL, relacionado con las faltas administrativas muy graves. Entre los cambios, se planteaba sancionar a los asambleístas que se apartaran, sin justificación plausible, de las decisiones adoptadas por su bancada legislativa en asuntos sometidos a votación. Esto, salvo en casos de objeción de conciencia o de separación voluntaria de la bancada. Además, se contemplaban sanciones por faltar injustificadamente a más de cinco sesiones consecutivas del Pleno, del Consejo de Administración Legislativa (CAL) o de las comisiones.
Aunque las sanciones no incluían la pérdida de la curul, el texto establecía suspensiones sin remuneración de entre 31 y 90 días para las faltas muy graves, y de 90 días para el caso específico relacionado con el transfuguismo político.
El veto presidencial
En su veto, el presidente Noboa sostuvo que estas disposiciones vulneraban el derecho a la libertad en la toma de decisiones, garantizado en el numeral 6 del artículo 66 de la Constitución. También observó la propuesta de crear una comisión pluripartidista ad hoc para investigar incumplimientos de funciones de autoridades legislativas.
Asimismo, el mandatario objetó las reformas al procedimiento de enjuiciamiento político, al advertir posibles vulneraciones al derecho a la defensa y la falta de previsiones sobre el manejo de información reservada o secreta en investigaciones penales contra autoridades interpeladas.
La votación
En la votación, 62 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) apoyaron la ratificación, mientras que 72 asambleístas de ADN y sus aliados votaron en contra, lo que impidió alcanzar la mayoría calificada.
De acuerdo con el artículo 64 de la LOFL, tras un veto total del Ejecutivo, la Asamblea Nacional solo podrá volver a considerar el proyecto después de un año contado desde la fecha de la objeción, y únicamente podrá ratificarlo en un solo debate con el voto favorable de la mayoría calificada de sus miembros.
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