Un juez especializado en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y llamó a juicio a la magistrada Nubia Vera, de la Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia, procesada por el presunto delito de concusión en el denominado caso “Mueble Fino”.
La decisión se adoptó tras la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la que el Ministerio Público presentó más de 55 elementos de convicción que, según el organismo, evidenciarían que la funcionaria habría exigido bienes y dinero a un ciudadano que tramitaba en su despacho una demanda de tenencia de su hijo.
Fiscalía sostiene que la jueza exigía muebles y dinero
De acuerdo con el dictamen acusatorio presentado por la Fiscalía, la procesada habría aprovechado su cargo para solicitar beneficios personales al denunciante a cambio de favorecerlo en el proceso judicial.
Entre las supuestas exigencias constaría la entrega de muebles fabricados por la víctima, específicamente un aparador y un juego de sala, que habrían sido solicitados a cambio de emitir un fallo favorable en el proceso de custodia del menor.
Según la versión del denunciante, el 23 de marzo de 2024 entregó los muebles en el domicilio de la funcionaria, hecho que habría quedado registrado en un video grabado con su teléfono celular, posteriormente periciado dentro de la investigación.
Invitaciones a restaurantes también habrían sido exigidas
La Fiscalía también expuso que la jueza habría solicitado al denunciante invitaciones a comer en restaurantes para tratar supuestos temas relacionados con el proceso judicial.
El primer encuentro habría ocurrido el 6 de febrero de 2024 en un restaurante ubicado en el norte de Quito, donde la cuenta —por 124 dólares— fue pagada por la víctima.
Posteriormente, el 15 de marzo de 2024, se habría realizado un segundo encuentro en otro restaurante, al que también asistió la hija de la jueza. En esa ocasión, la cuenta de 70 dólares también habría sido cancelada por el denunciante.
Según la Fiscalía, estos pagos se confirmarían mediante movimientos bancarios de la tarjeta de crédito del denunciante.
Conversaciones y transferencias forman parte de la investigación
Durante la audiencia también se presentaron conversaciones de mensajería instantánea que el denunciante habría mantenido con la jueza.
De acuerdo con la acusación fiscal, en estos mensajes la funcionaria habría insinuado amenazas relacionadas con el proceso de tenencia si el denunciante no accedía a sus requerimientos.
Asimismo, se presentaron comprobantes de transferencias bancarias a cuentas de terceras personas, que, según la investigación, habrían sido realizadas por la víctima para cumplir con las exigencias de la funcionaria.
Fiscalía señala retrasos en el proceso judicial
La investigación también señala que el proceso de tenencia habría sufrido constantes diferimientos de la audiencia única, lo que, según la Fiscalía, habría permitido prolongar el trámite mientras se realizaban las supuestas exigencias.
En una de las ocasiones, la audiencia se aplazó por una presunta enfermedad de la jueza. Sin embargo, según el expediente, no se registró en el Consejo de la Judicatura ningún pedido formal de licencia o permiso por parte de la funcionaria.
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