En entrevista exclusiva con PRIMERA PLANA, el secretario general de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, César Díaz, informó que ya existe una fecha tentativa en la que dos jóvenes saltaron en paracaídas de un edificio de Quito. De acuerdo a las primeras investigaciones, el salto desde el edificio Unique, al norte de Quito, se produjo entre diciembre de 2019 y enero de 2020. Esto tras conversaciones con el constructor y el análisis de las fechas en las que estuvo ubicada la torre grúa que escalaron para realizar el salto.
«Nosotros hicimos un primer acercamiento con la constructora. dicen que la torre grúa fue retirada a mediados del mes de enero», dijo Díaz. Además, según explicó, el acto se considera un salto de base. Es decir, los paracaidistas buscan las alturas para realizar estas actividades de paracaidismo.
La idea de una ordenanza
La acción abrió la oportunidad para generar una ordenanza municipal que regule el tema dentro de la ciudad. Actualmente, no existe tal normativa. «Desde la secretaría de Gobernabilidad vamos a generar una política pública para que este tipo de actividades no autorizadas sean sancionadas», esto dijo Díaz tras aclarar que el deporte pone en peligro la vida de quienes lo practican si no está regulado.
Por su parte, aclaró que sí existe una ordenanza municipal, la 201 que sanciona el mal uso del espacio público con $100 la primera ocasión y el monto aumenta en caso de reincidencia. Sin embargo, esta no aplica al acto porque el salto lo realizaron desde una construcción privada.
En el salto, también está involucrado el Centro Comercial Iñaquito (CCI) que es donde aterrizaron los paracaidistas. También es un predio privado. «Cualquiera de estos predios podría poner la denuncia particular en la Fiscalía para que inicien las investigaciones», explicó.
El equipo de seguridad del edificio, además señaló que para ingresar a la construcción, los paracaidistas realizaron forcejeos en las cerraduras. Por tanto, el constructor podría acusar por intento de robo a los deportistas.
La ordenanza no implica una prohibición
Díaz aclaró que la idea de generar una ordenanza, no implica prohibir los actos deportivos de este tipo. La política pública, en cambio, propone crear una licencia pública. La actividad económica debe establecer responsabilidades ante el eventual caso de que llegara a suceder un accidente. «Que se garantice con normas de seguridad, protocolos y exigencias internacionales para que las personas que realizan la actividad puedan hacerlo con el control y garantía de las autoridades», añadió.
En torno a los acercamientos con el constructor, el Secretario explicó que aún desconocen si realizarán alguna denuncia. Sin embargo, sí pidieron que extremen las medidas de seguridad para evitar las acciones que no están reglamentadas.
«Desde la secretaría de seguridad se dispuso a los jefes de seguridad que realicen una inspección a los edificios donde se puedan realizar estas actividades para sentarnos a definir una política pública para que las actividades pasen a ser una atracción de la ciudad», adelantó.
