“La ciudadanía debe entender que todas las instituciones del Estado, cada ciudadano ecuatoriano, cada servidor público se encuentra sometido al control constitucional”, señaló el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Hernán Ulloa. Sin embargo, aunque dijo que acatará la sentencia, señaló que, personalmente, no estoy de acuerdo con la decisión de la jueza de Samborondón que anula la designación de Raúl González como superintendente de Bancos.
La posesión de González
El funcionario resaltó que, a pesar de votar en contra de la designación de González, respetó la decisión y dio el apoyo institucional. “Pero, como abogado, tengo clarísimo que el control constitucional hay que cumplir; porque así dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y la Constitución del Ecuador”, destacó.
En esa línea, alertó que el incumplimiento de una sentencia de control constitucional abriría la posibilidad de destitución de un servidor público. Además, que es una posible infracción del cumplimiento de decisiones de legítima de autoridad competente.
“El momento en que una jueza constitucional emite una sentencia donde anula la designación del superintendente de Bancos esa sentencia debería de acatarse, no solamente por el Consejo de Participación Ciudadana, sino también por parte de los otros organismos relacionados con la posesión”, indicó. También, agregó que cumplió cabalmente con la disposición judicial y solicitó al Presidente una nueva terna.
“Si este acto jurídico no tiene efectos jurídicos; ¿Cómo es posible que la Asamblea Nacional del Ecuador haya tomado posesión y juramento del ingeniero González de un acto que no existe jurídicamente? Esto implica, desde el análisis jurídico, que quien ha designado al Superintendente de Bancos es la Asamblea Nacional y no el Consejo de Participación Ciudadana, como lo establece la norma”, increpó Ulloa. Así, señaló que existe una intromisión en las funciones del CPCCS.