La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana inició este lunes el tratamiento del proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación y recibió al secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla.
Según el funcionario, el texto remitido a la Asamblea Nacional por el presidente Guillermo Lasso, el pasado 25 de mayo, busca garantizar la libertad de expresión promoviendo la autorregulación.
Bonilla considera que la actividad periodística y de comunicación debe regirse por estándares éticos y de autorregulación y no por “estándares impuestos por el Estado”. Sostuvo que la libertad no es sinónimo de libertinaje y va anclada a una responsabilidad.
El texto, que consta de tres capítulos establece tres pilares para garantizar el derecho de la libre expresión: autorregulación sin censura previa, derecho a la réplica y copias de programas o impresos.
Según Bonilla, aunque el texto no establece censura previa, sí hay responsabilidad ulterior y existen todos los mecanismos de reclamo vía civil. Señaló, además, que la normativa no obliga a la rectificación de opiniones.
Al culminar la exposición del proyecto, Bonilla remarcó que la propuesta busca poner fin a una etapa de persecución. Añadió que es peligroso que un gobierno utilice el control y sanción de la prensa y periodistas para imponer una sola verdad oficial. La libertad de expresión es un derecho que debe ser garantizado por el Estado, opinó.
El secretario General de Comunicación, @Edu_Bonilla, compareció ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la @AsambleaEcuador para exponer los beneficios que presenta el proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación. #LeyLibreExpresión#JuntosLoLogramos pic.twitter.com/JWEO70DX0S
— Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) July 12, 2021
La asambleísta Marjorie Chávez indicó que el Estado debe garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. Durante su intervención preguntó por qué se eliminará el Consejo de Comunicación creado en consulta popular y por qué no se contempló la venta de medios incautados.
De su parte, el asambleísta Ángel Maita remarcó que el periodismo no se puede sustentar en opiniones, sino en evidencias y realidad. Por lo tanto, consideró que sí es necesario un ente regulador.
Apuntó que es necesario analizar esta propuesta que deja de lado a los medios comunitarios y alternativos, pues no se puede permitir que los grandes medios manipulen la información, añadió.
Mientras que la legisladora Jessica Castillo señaló que esta norma deja de lado varios artículos que protegen derechos legales y constitucionales como las garantías de niños, niñas y adolescentes, así como de pueblos y nacionalidades.
El secretario de Comunicación indicó que lo más potente de esta ley es reforzar la libertad de expresión con responsabilidad.
Sobre la venta de los medios incautados remarcó que estos tienen problemas laborales, balances incompletos o medidas cautelares, por lo que se necesita poner en orden las empresas. La decisión política es venderlos, opinó.
Roberto Andrade, asesor de la Presidencia de la República, mencionó que la nueva norma pretende un enfoque civil restaurativo y de derechos humanos acudiendo a la mínima intervención penal.
