El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue sentenciado a seis años y nueve meses de prisión como autor directo del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos dentro del caso Triple A. El Tribunal de Garantías Penales determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron su responsabilidad en las operaciones investigadas.
La pena fue anunciada este sábado, 29 de agosto, durante la lectura de la resolución contra las personas naturales y jurídicas procesadas en esta causa.
Aunque inicialmente se informó de una condena de seis años y ocho meses, la Fiscalía precisó posteriormente que la pena impuesta a Álvarez es de seis años y nueve meses de prisión. Además de la pena privativa de libertad, el alcalde deberá pagar una multa equivalente a 12 salarios básicos unificados (SBU).
Tribunal declaró a Álvarez autor directo
Antes de anunciar la pena, el Tribunal determinó que existe certeza sobre la comisión del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos y posteriormente individualizó las responsabilidades.
En el caso de Álvarez, los jueces concluyeron que tuvo una participación directa debido al control que mantenía sobre las compañías Copedesa, Corpalubri y Ternape, en las que ejerció funciones como representante legal, presidente y accionista mayoritario.
Según la resolución, los testimonios y documentos presentados durante el juicio permitieron establecer que conocía el funcionamiento de las empresas y tenía injerencia en sus operaciones.
El juez ponente Jorge Sánchez sostuvo que Álvarez no desempeñaba únicamente funciones administrativas, sino que organizaba y dirigía operaciones relacionadas con la comercialización irregular de combustibles.
El Tribunal también señaló que parte de los recursos derivados de las operaciones investigadas llegó a cuentas personales de Álvarez, lo que consideró evidencia del beneficio económico obtenido.
Otros procesados también fueron declarados responsables
La Fiscalía informó que Raúl Z., Juan A. y Edgar F. también fueron declarados responsables como autores directos del delito investigado. Además, el Tribunal determinó la responsabilidad de otras cinco personas naturales y de las personas jurídicas procesadas.
El caso Triple A investiga un esquema de comercialización de combustibles conocido como “cambiazo”, mediante el cual productos destinados a determinados segmentos habrían sido desviados hacia otros mercados.
Las partes acusadoras sostuvieron durante el proceso que las operaciones investigadas ocasionaron un perjuicio superior a USD 61 millones al Estado ecuatoriano.
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