NACIONALES POLÍTICA

Comisión de Garantías Constitucionales fiscalizará posibles abusos en las manifestaciones

La Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional fue convocada a sesionar este lunes, 29 de septiembre, para tratar denuncias sobre posibles violaciones de derechos humanos durante las movilizaciones sociales que se desarrollan en el país.

La convocatoria, dispuesta por el presidente de la Comisión, el asambleísta Jaime David Estrada Medranda, establece que la sesión No. 030-2025-2027 se realizará en modalidad presencial a las 14:15, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y su reglamento interno.

Fiscalización por uso desproporcionado de la fuerza

El principal punto del orden del día será el inicio de un proceso de fiscalización ante las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza pública y del Bloque de Seguridad en el contexto de las protestas derivadas del Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel.

Según información preliminar que ha llegado a conocimiento de la Comisión, se investigarán posibles:

  • Detenciones ilegales,
  • Desapariciones forzadas,
  • Uso de bombas lacrimógenas caducadas,
  • Y muertes relacionadas con la actuación estatal en el marco de las movilizaciones.

El proceso busca determinar si existieron abusos por parte de la fuerza pública y posibles vulneraciones a los derechos constitucionales y colectivos, especialmente en territorios indígenas y zonas de protesta activa.

Contexto de crisis y protestas

La decisión de iniciar la fiscalización surge en medio del paro nacional convocado por la Conaie y otros sectores sociales, que ha generado una fuerte respuesta por parte del Gobierno, incluyendo estado de excepción y militarización en varias provincias.

Organizaciones de derechos humanos han solicitado la presencia de observadores internacionales y han alertado sobre un creciente uso de la fuerza en operativos de control, lo que ha elevado la preocupación en sectores legislativos y sociales.

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