El aborto por violación y la política conservadora en Ecuador

Por Mónica Villegas

Existen actualmente en el Ecuador dos posturas frente a este tema: los movimientos Provida, quienes mantienen una perspectiva ético-política que propone el derecho a la vida en lo que respecta al nacimiento de seres humanos independientemente de las circunstancias y problemáticas sociales, incluyendo su propuesta con cuestiones como la eutanasia, investigaciones científicas sobre la embriología entre otras.

Por otro lado, están los grupos feministas, pro decisión, quienes reivindican el aborto como una práctica que construye derechos y determina una auto soberanía sobre los cuerpos. Estas hacen frente a los grupos Provida en términos de afirmar que el aborto es un derecho humano.

Los movimientos Provida afirman que al momento de la violación los espermatozoides tienen “vida” así como también los óvulos desechados por las mujeres en cada menstruación.  En este sentido biólogos como Alberto Kronblith mencionan que biológicamente “un feto no es un ser humano” y juristas como la argentina Nelly Minyersky afirman la no existencia de los derechos del feto o del nasciturus.

Lo importante es que el 28 de abril del 2021 se logró el derecho de las mujeres a no mantener un embarazo y un hijx producto de una violación. Por otro lado, se debe mencionar que se efectuaron seis demandas de inconstitucionalidad entre 2019 y 2021 sin mencionar que, desde hace varios años, seis organismos internacionales pidieron al Ecuador reiteradas veces la despenalización del aborto por violación.

Aún con estos antecedentes se notó una poca o nula voluntad política para ampliar la plataforma de derechos de las mujeres en el Ecuador. Los argumentos planteados por varias fundaciones proderechos pudieron rebasar a una conservadora Corte Constitucional sin dar paso a un debate que pedía la clase conservadora, dejando de lado el presupuesto que los derechos no se debaten sino se garantizan.

La Corte declara la inconstitucionalidad del numeral dos del art. 150 del (COIP) Código Orgánico Integral Penal. Este señala que el aborto no será punible si el embarazo es consecuencia de una violación a una mujer con discapacidad mental. La inconstitucionalidad de este artículo fue ignorada por el antiguo bloque mayoritario de Alianza País e ignorado por la actual Asamblea Nacional y objetado desde un punto de vista moral y religioso por el presidente electo Guillermo Lasso.

En cuanto al punto de vista del actual presidente que por su puesto tiene sus seguidores inefables. Estoy segura que muchos de ellos me dirán que el mismo envió una bellísima carta donde menciona que respetará la decisión de la corte y que dará independencia a las instituciones de poder del Estado. Ahora, debemos comprender que esto no es digno de aplaudir, esto es lo menos que debe hacer un presidente respetuoso de la democracia y las instituciones. Lo que pasa es que lamentablemente hombres y mujeres de este país hemos sido vulnerados en nuestros derechos durante tantos años que la carta del presidente electo parece digna de halagos. Para nosotras es todo lo contrario, su obligación como presidente sería la de celebrar y felicitar un hecho histórico como este, el mismo, que no se le debemos a nadie más que a los movimientos de mujeres.

Esperemos que el actual presidente amplíe las agendas de derechos, genere una democracia representativa y que la legislación sea coherente y a favor de los y las ecuatorianas. Solo así, podremos decir que ha cumplido con su deber, más no nos haría un favor.

También hay que notar que las ultimas declaraciones de la primera dama hace que la propuesta pro derechos de Lasso con la que ganó en el balotaje, se quiebre y con un país tan conservador como este, puede comprometer la institucionalidad del Estado. También en este apartado incluyo al actual asambleísta Esteban Torres Cobo el cual, a las mujeres feministas nos tildó de corifeas, por la decisión de la corte y lo cual resulta contradictorio, pues él se autodenomina como el asambleísta provida pero promueve la ley para el libre porte de armas.

En una época de pandemia con nuevo presidente y Asamblea a estrenar lo que nos queda a las y los ecuatorianos, en nuestro derecho a la democracia, es exigir transparencia en todas las instituciones del Estado, incluida el Ejecutivo. No se debe olvidar lo que pasó en 14 años de correísmo. La capacidad de gobierno ofertada en campaña todavía está en ciernes, por lo tanto, debemos esperar los resultados que se verán en los primeros meses, sobre todo por su promesa de vacuna a 9 millones de ecuatorianos.

El hecho de ser políticxs nos convierte en críticxs y sobre todo en demostrar que la política no es de los políticxs, sino de lxs ciudadanxs. Es importante dar la oportunidad a este nuevo gobierno, pero los resultados de votaciones confirman un voto anticorreista, no un voto de confianza, tomando en cuenta el porcentaje de votos nulo en el balotaje. Este resultado resulta un riesgo para los ecuatorianos los cuales no le dieron la total confianza, sino una oportunidad que esperamos pueda aprovecharla. A esto le sumamos que el proyecto de ley para el aborto por violación que tendrá que ser presentada por la nueva Asamblea, será la prueba de fuego para esta institución, que representa el segundo poder del Estado.