El ex Viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, en entrevista con el noticiero A Primera Hora, de Majestad radio. Señaló que el análisis de la situación minera en el país “se ha politizado. Dejando de lado el tema técnico y económico, para usarlo como bandera política”.
Benalcázar se refirió a la situación minera en la provincia de Imbabura, concretamente en Cotacachi. Donde existió un fallo de la Corte Provincial en el año 2019 le dio la razón a la municipalidad de ese cantón en cuanto a la defensa de los derechos de la naturaleza. Considerando que las actividades de la Empresa Nacional Minera (ENAMI) en la concesión del Río Magdalena. No podrán desarrollarse porque se encuentran en un bosque protector.
Fernando Benalcázar
“La actividad minera sí es posible en los bosques protectores, siempre que se cumplan requisitos de la ley”. Anunció el exfuncionario, y para ello se requiere la emisión de la licencia ambiental.
La preocupación expresada por Fernando Benalcázar radica en que el riesgo que, según él. Esto implicará que el dictamen sobre Cotacachi genera una jurisprudencia vinculante, de cumplimiento obligatorio para casos similares: “habría un impacto minero terrible… hay minería que siempre tiene intersecciones con bosques”.
Benalcázar señaló que la Corte Constitucional debe contemplar varios aspectos:
- Una potencial jurisprudencia vinculante sobre este tema de bosques y vegetación protectora, atentará contra la propia Constitución, donde no se establece que los bisques y vegetación protectora son parte del sistema nacional de áreas protegidas.
- Actualmente, las industrias mineras reguladas (concesiones mineras) aplican estándares que permiten el cumplir los requisitos establecidos por la autoridad. Si se establece la mencionada jurisprudencia, hay el riesgo que las empresas dejen de trabajar con esos estándares.
- Se afecta el principio de seguridad jurídica. La Constitución claramente ofrece en varios artículos, la seguridad jurídica que requieren los inversionistas. Ninguna decisión puede ser retroactiva, porque tarde o temprano el inversionista se sentirá ofendido y hasta podría enjuiciar al país
