Margarita Hernández, Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, señaló que la falta de educación financiera no permite tener claridad en la relación adecuada con los actores regulados del sistema financiero. “Los actores regulados son muy pocos, la actividad de intervención financiera solo puede realizarse por autorización expresa de las entidades públicas con la facultad”, mencionó. Sin embargo, indicó que existe mucha aceptación por la ciudadanía con otras figuras que no son reguladas ni poseen el cumplimento de normativas.
También, resaltó que existen problemas relacionados con la exclusión financiera. “No existen espacios adecuados para incluir acceso a los servicios financieros para la ciudadanía”, criticó. Así, expresó que el uso de los servicios financieros también es otra preocupación. “Los servicios a los que tengan acceso deben responder a la realidad y necesidades de cada persona”, comentó. “Esperamos pronto se concrete la promulgación de una estrategia nacional de inclusión financiera que tenga componentes de educación financiera”, señaló Hernández.
Además, enfatizó que el sector financiero popular y solidario se rige por los principios de la economía popular y solidaria que tiene una visión distinta a la intermediación financiera, en cuanto a la relación con los socios. “Existe mas de 480 entidades del sector financiero popular y solidario a nivel nacional”, informó.
Normas
La superintendenta mencionó algunas normas, entre ellas la norma de educación financiera para cooperativas y mutualistas. “Existen más de un millón de socios capacitados por esta norma”, celebró. También, resaltó la norma de protección de los derechos de usuarios de servicios financieros. “Por esto podemos mejorar la interrelación desde la protección e inclusión con perspectiva de género”, dijo. “Otra norma tiene que ver con la prevención y la gestión de riegos ambientales y sociales”, mencionó.
Además, resaltó que las cooperativas y mutualistas tienen condiciones adecuadas para la gestión que realizan, “nos ha permitido favorecer a las entidades con una estructura normativa adecuada”.